Organizaciones de la sociedad civil presentaron cuatro quejas ante el Instituto Nacional Electoral para pedir que investiguen los perfiles de 11 candidaturas judiciales, que podrían tener vínculos con organizaciones criminales y que por lo tanto, no deberían asumir un cargo para impartir justicia.
Desde los mismos nombres ya denunciados por vínculos con la Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín quien se declaró culpable de abuso sexual de menores en Estados Unidos, hasta abogados de narcotraficantes o señalados por asesinatos y desapariciones, forman parte de la lista de las 11 personas señaladas.
Peticiones para evitar que los postulantes logren llegar al poder
Las organizaciones Defensorxs y el Laboratorio para la Democracia se presentaron ante el INE para reiterar sus peticiones para que estos perfiles no obtengan un cargo en el Poder Judicial de la Federación.
Arturo Espinosa de Laboratorio Electoral, destacó que están tomándole la palabra tanto al senador Gerardo Fernández Noroña como a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quienes ya reconocieron que podría haber perfiles que no fueron correctamente evaluados por los Comités de Evaluación y podrían no ser elegibles.
“No puede haber ningún candidato que represente algún riesgo para la impartición de justicia, creemos que hubo una omisión tremenda en los Comités de Evaluación al analizar los perfiles, no debían ceñirse a requisitos legales sino ver si eran personas con la integridad y con la ética suficiente para poner la justicia en sus manos.
“Nos pusimos a hacer lo que ellos no hicieron, a buscar lo que ellos no quisieron buscar a pesar de que eran datos que están ahí, de manera evidente. Lo que estamos solicitando es que tomen medidas, que no permitamos que personas que representan un riesgo para la justicia de este país sean los próximos impartidores de esa justicia”.
Son 11 los candidatos que se denuncian ante el INE
Las 11 personas denunciadas son Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal y quien fue fiscal regional en Zitácuaro, Michoacán, conocido como “el fiscal del terror” y señalado por vínculos con el crimen organizado y con el asesinato de periodistas.
Fernando Escamilla Villareal, candidato a juez penal en Nuevo León, abogado de Miguel Ángel Trevió Morales, el Z-40 y sentenciado por el delito de portación ilegal de armas.
José Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, detenido y vinculado a proceso en 2023 por posesión de 17 bolsas de cristal y un arma de fuego; y Andrés Montoya García, candidato a magistrado en Sonora, señalado por la desaparición de un periodista.
Además de siete personas relacionadas con La Luz del Mundo, como Eluzai Rafael Aguilar, candidata a jueza penal; Karina Sánchez Ruiz, candidata a magistrada en Oaxaca, seguidora de Naasón Joaquín, a quien entregó reconocimientos como diputada, Cesiah Karen León Rocha, candidata a jueza federal, vinculada con Naasón Joaquín y las asociaciones de su esposa en Jalisco.
Sinaí Menchaca Sierra, candidata a jueza federal en Jalisco, hija del obispo de la Luz del Mundo, Nicolás Menchaca; Betzabé Almazán Morales, candidata a jueza civil en Jalisco, quien escribía columnas en defensa de Naasón Joaquín; Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, candidata a magistrada en Guanajuato y esposa del senador Emanuel Reyes fiel seguidor de esta iglesia vinculada con delitos sexuales por parte de su líder.
Además de Job Daniel Wong Ibarra, candidato a magistrado en Jalisco, quien fue ministro de culto en la Luz del Mundo y habría renunciado al cargo después del plazo legal para obtener esta candidatura.
Sus creencias religiosas no intervienen en las candidaturas
Aunque este paquete de personas, ya el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que no puede revertir sus candidaturas y que sus creencias religiosas no son motivo de sanción.
Miguel Alfonso Meza de la organización Defensorx, insistió en que estos perfiles “relacionados con el crimen organizado y con una secta política criminal como La Luz del Mundo”, no pueden llegar al Poder Judicial y consideró que las autoridades electorales deberían frenarlos.
PR
