La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su “más firme condena” y preocupación por las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció públicamente que entre los candidatos a juzgadores se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado.
“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que Jufed ha advertido desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, señaló.
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La asociación subrayó que la “elección popular” no es un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación institucional que abre la puerta a intereses políticos, económicos y ahora, como ha sido reconocido, criminales.
“Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, enfatizó.
La Jufed indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue clara al manifestar que “una elección judicial sin garantías de imparcialidad y méritos es una regresión democrática”.
Recordó lo que dijo el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar: “A los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el poder judicial de México si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular”.
Ante estos hechos, la Jufed hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de los derechos humanos, para que conozcan los efectos del desmantelamiento del Poder Judicial en México y su impacto en el debilitamiento de la democracia.
HCM
