La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, convocó a un debate debate franco y abierto sobre las energías limpias, al tiempo de afirmar que el freno a las centrales eólicas y solares busca detener la privatización del sector y evitar que un servicio público estratégico como la electricidad se ponga en riesgo.
“Muchos estamos de acuerdo en rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y detener la privatización, pero también en desarrollar energías limpias”, dijo la legisladora de Morena.
Padierna señaló que la decisión del gobierno federal en suspender temporalmente la conexión de las nuevas centrales eólicas y solares a la red eléctrica “desató la furia de la oposición, la comunidad de negocios y los ambientalistas de ocasión”.
La morenista remarcó, sin embargo, que los contratos para instalar energías como la solar y eólica significan un subsidio enorme de la CFE a los privados, pues la empresa pública aporta 80 por ciento de la electricidad con centrales convencionales, mientras los particulares generan sólo 20 por ciento, lo que implica altos costos para el Estado.
“Fue un grave error iniciar una privatización sin aumentar antes la capacidad de las líneas de transmisión: Peña Nieto fue omiso en preparar el Sistema Eléctrico Nacional para la llegada masiva de centrales eólicas y solares que su reforma energética impuso”, acusó la diputada.
La vicepresidente de San Lázaro dijo que los riesgos enfrentados por toda la empresa, como la actual caída de la demanda de energía por la pandemia de covid-19, son asumidos exclusivamente por la CFE, en tanto las empresas privadas no quieren contribuir ni con parar las pruebas preoperativas durante la emergencia para ayudar a remediar la situación.
Cambios en política energética ponen en riesgo nuevas inversiones: PRI
En contraste, la legisladora priista Soraya Pérez advirtió que los cambios en la política energética del país no solo frenan proyectos de energías renovables, sino ponen en riesgo la llegada de nuevas inversiones al sector.
Pérez exigió al gobierno federal un informe puntual del impacto económico, jurídico y ambiental del acuerdo de “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” vigente desde el pasado 15 de mayo.
“El acuerdo no se sometió a un proceso de mejora regulatoria, por lo que se requiere otorgar certeza jurídica para no afectar las inversiones y evitarla multiplicación de barreras a proyectos de energías renovables o limpias, las cuales son inagotables y crecientemente competitiva, debido a que no producen gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes”, indicó la diputada del PRI.
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