El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma integral a Ley de Asentamientos Humanos estatal, con el fin de que los municipios metropolitanos actualicen sus atlas de riesgo cada seis años, mientras que sean nueve para los rurales, dados los daños que dejó la tormenta tropical Alberto.
En sesión, Miguel Lechuga, presidente de la Comisión de Infraestructura, dijo que es una respuesta directa y necesaria a las demandas de los ciudadanos, en la búsqueda de fortalecer obligando al Estado y a los municipios a mantener actualizados los atlas de riesgo, los cuales son información vital para prevenir tragedias.
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“Atendemos un reclamo constante: la reparación inmediata de coladeras y registros abiertos que ponen en riesgo a peatones y automovilistas, exigiendo además materiales duraderos. Ampliamos la obligación del alumbrado público, una medida fundamental para la seguridad vial y personal en nuestras calles”.
“Además de que con estas acciones combatimos la ilegalidad y protegemos el patrimonio de las familias. Se sancionará con firmeza a quienes lucren vendiendo desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones correspondientes. Brindamos certeza jurídica a los compradores y cerramos la puerta a fraudes que tanto daño han causado”, agregó.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, confirmó que se hablaba de cada tres años de parte del Estado, pero algunos municipios rurales denunciaban que les era imposible por la falta de recursos.
Brenda Velázquez, diputada local de Morena, señaló que, en un contexto marcado por la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos naturales —como huracanes, inundaciones, incendios forestales y deslaves— resulta imperioso dotar a las autoridades de herramientas.
“Los atlas de riesgo son instrumentos técnicos esenciales que permiten identificar, clasificar y delimitar las zonas de peligro, facilitando la toma de decisiones informadas y responsables en materia de desarrollo urbano y gestión del territorio. Es alarmante constatar que muchos municipios del estado carecen de atlas de riesgo vigentes, o bien, ni siquiera han iniciado su elaboración. Este vacío normativo y técnico ha derivado, lamentablemente, en tragedias evitables, como lo evidenció la tormenta tropical Alberto, que cobró vidas humanas y causó severos daños materiales. No podemos permitir que esta situación se repita”.
“La actualización periódica, cada tres años, de los atlas de riesgo —como lo dispone esta reforma— no es un mero trámite administrativo; es una obligación que tiene el propósito de proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de nuestras comunidades. Esta disposición también fortalece la congruencia entre los planes estatales y municipales, promoviendo una política pública de prevención con base científica, transparente y accesible. En esa virtud resulta necesario que refrendemos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, sustentable y resiliente”, finalizó.
mrg
