Las protestas iniciadas el 4 de junio de 2020 en Guadalajara fueron la respuesta directa al asesinato de Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 años detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos el 4 de mayo, supuestamente por no portar cubrebocas. Al día siguiente fue localizado sin vida, con evidentes signos de tortura, fracturas, una herida de bala en la pierna y sin haber sido presentado ante el Ministerio Público.
El caso permaneció oculto durante casi un mes hasta que el video de su detención se viralizó en redes sociales, la indignación se multiplicó por el contexto global, apenas unos días antes, el asesinato de George Floyd por policías en Estados Unidos también había detonado protestas internacionales contra el abuso policial.
¿Cómo respondió el gobierno ante las protestas?
El 4 de junio, más de mil personas se concentraron frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara, lo que comenzó como una protesta pacífica derivó en una fuerte confrontación cuando agentes estatales reprimieron a los manifestantes, la jornada dejó 28 detenciones arbitrarias y agresiones documentadas a menores de edad, periodistas, observadores de derechos humanos y personas que ni siquiera participaban en la protesta.
El 5 de junio, la protesta se trasladó a las afueras de la Fiscalía del Estado, durante ese día y la noche, al menos 80 jóvenes fueron privados de la libertad de forma ilegal, las víctimas fueron subidas por la fuerza a camionetas sin placas o vehículos particulares, sin orden judicial ni registro oficial de detención, varios denunciaron haber sido torturados, amenazados y obligados a borrar
El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, negó al principio la existencia de desapariciones forzadas, luego minimizó el hecho y finalmente admitió irregularidades, sin que ello se tradujera en sanciones significativas.
El 6 de junio se llevó a cabo otra manifestación y en esta se reportaron seis detenciones arbitrarias más; los jóvenes señalaron que fueron golpeados tanto en Palacio de Gobierno como en las instalaciones de la Fiscalía donde permanecieron hasta el 10 de junio cuando fueron trasladados a Puente Grande ante un juez de control.
????????Disturbios en Guadalajara México por la muerte bajo custodia policial de Giovanni López. Giovanni fue detenido por no llevar mascarilla, al día siguiente informaron a su familia que había muerto. El cuerpo apareció con un disparo de bala en la pierna.pic.twitter.com/89rhDykZkT
— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 5, 2020
Pese a la presión social, las consecuencias legales fueron limitadas, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que “algunos elementos” actuaron de manera irresponsable, pero intentó desvincular su administración de los hechos, se anunciaron sanciones para tres policías municipales de Ixtlahuacán, aunque ningún funcionario de alto nivel fue procesado por la represión de las protestas.
Por otro lado, las organizaciones civiles comenzaron a documentar los hechos como crímenes de Estado, en especial la desaparición forzada y la tortura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió recomendaciones y denunció que las detenciones y tratos fueron ilegales, aunque estas recomendaciones no tienen fuerza vinculante.
A partir de esos días, colectivos como 5 de Junio Memoria, la Red Antimonumento 5 de Junio y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) han trabajado para que estos hechos no queden en el olvido. Cada año conmemoran los eventos, organizan actividades de memoria y denuncian la impunidad persistente.
Para Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el Estado ha fracasado en garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Lejos de asumir responsabilidades o emprender reformas estructurales, el gobierno ha respondido con simulación, silencio y obstáculos sistemáticos contra quienes luchan por preservar la memoria del 5 de junio.
“Lamentablemente a cinco años de lo ocurrido vemos que la situación en cuanto al panorama de la protesta social en Jalisco se ha agravado y sobre todo también, lo que ha predominado ha sido la impunidad y las voces de víctimas que cada vez han sido más calladas o con más obstáculos para exigir los derechos han mantenido las exigencias en el espacio público, en la agenda pública, a pesar de varios esfuerzos del estado de olvidar”, compartió a MILENIO
A decir de Chimiak, un ejemplo claro de esta continuidad fue la respuesta violenta de la policía Atenea a la protesta del Frente Feminista Jalisco, apenas un año después, donde aplicó los mismos métodos de represión. “El uso excesivo de la fuerza, el gas lacrimógeno y además las detenciones arbitrarias de las personas manifestantes”, advierte la codirectora de CEPAD, quien advirtió que fue la expresión de una política sistemática de represión, en la que las promesas de protocolos y grupos especializados quedaron en meros anuncios, sin voluntad real de cambio.
¿Qué ha pasado con las víctimas y sobrevivientes?
Muchas personas que fueron detenidas o desaparecidas reportaron hostigamiento posterior, una profesora, golpeada durante la protesta del 4 de junio, denunció que fue visitada por agentes de la Fiscalía en su domicilio después de negarse a levantar una denuncia formal. Sobrevivientes han hablado públicamente del miedo, el silencio forzado y las secuelas físicas y psicológicas que aún enfrentan.
Hasta hoy, ningún mando operativo estatal ha sido responsabilizado penalmente por las detenciones masivas, las torturas o las desapariciones forzadas.
¿Qué significado tiene el “Halconazo tapatío” hoy?
A cinco años, el caso Giovanni López sigue siendo un símbolo de la violencia institucional y de la lucha por los derechos humanos en Jalisco. En la Glorieta de las y los Desaparecidos, colectivos mantienen viva la exigencia de verdad, justicia y memoria.
De los más de 200 elementos que participaron en los operativos del 5 de junio, solo 11 fueron imputados, cuatro vinculados a proceso, y uno sentenciado, pero no por desaparición forzada o tortura, sino por abuso de autoridad. “La investigación fue por parte de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de abuso de autoridad y nunca se reconoció la comisión de desaparición forzada, comisión de tortura”, lamenta Chimiak.
Reprueba que nunca se investigó a los mandos superiores ni se reconoció la cadena de responsabilidad. Aún hoy, no existe una cifra oficial por parte del Estado sobre cuántas personas fueron desaparecidas y cuántas localizadas, lo que refuerza la narrativa del silencio. Toda la información disponible, señala, ha sido recabada por sociales, colectivos y periodistas. El gobierno estatal ha optado por minimizar los hechos y rehuir su responsabilidad.
En el caso de Giovanni, el 9 de abril, la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura vinculó a proceso a Héctor Eliab “N”, expolicía de Ixtlahuacán de los Membrillos, por su presunta responsabilidad en el homicidio.
La CNDH atrajo el caso y emitió una recomendación 64/2021 dirigida a Enrique Alfaro y al alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, José García. Solicitó al entonces gobernador la reparación integral del daño causado a los familiares de la víctima, además de un estudio técnico-jurídico a efecto de que se agilicen las investigaciones, las diligencias y se dé cumplimiento a los mandamientos judiciales de aprehensión pendientes por ejecutar. Mientras que al entonces alcalde se le pidió otorgar la atención médica y psicológica a los familiares de la víctima.
MG
