El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa reveló que, luego de que se dieran a conocer videos de torturas a presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) exigió que, por un tema de seguridad nacional, no se utilizara este material como pruebas.
En conferencia, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain, consideraron que este tipo de acciones del gobierno buscan evitar que este tipo de pruebas sean llevadas a juicio.
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“Después de que se entregaron unos videos que demostraban las torturas que se cometieron contra los presuntos responsables, estas personas, y en particular uno de los representantes llevó un oficio a la Unidad Especial de la Fiscalía pedirle y para decirle que no podía usar estas pruebas porque se trataba de seguridad nacional.
“Este es un elemento que permite decir que ya se están generando esta clase de acciones para evitar que los elementos probatorios que demuestran todas estas acciones puedan ser llevados a investigaciones y a juzgamiento”, enfatizó Buitrago.
La fiscal colombiana aclaró que esta petición de la agencia de inteligencia del gobierno federal no es procedente.
“Esto es un tema que, dejémoslo claro de una vez, en esta clase de delitos no hay reserva, en esta clase de delitos no se puede oponer la imposibilidad de utilizar estos elementos y en esta clase de delitos lo que se obliga es a que el Estado investigue de manera exhaustiva, completa y eficaz todos estos hechos”, subrayó.
Por su parte, el especialista español abundó que algunas de las órdenes de aprehensión que no se han concretado tienen que ver precisamente con agentes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy CNI, y que participaron en dichos actos de tortura contra presuntos responsables en el caso Ayotzinapa.
LP
