El 30 de marzo de 2023, Pablo Joaquín Gómez Orozco salió de su casa en Tepic, Nayarit, poco después de las 10:30 horas. Llevaba consigo solicitudes de empleo. Eran vacaciones escolares y cursaba la preparatoria.
No volvió. Horas después se sabría —por fragmentos de mensajes y llamadas— que había sido reclutado por un grupo armado.
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La vida de su madre, Alejandrina Orozco Romano, quedó atrapada en un laberinto de burocracias, contradicciones oficiales y esperas que han durado dos años y medio.
El 21 de septiembre de 2025, Alejandrina recibió dos llamadas que le partieron el aliento: una, cerca de las 11:00 horas, del Servicio Médico Forense (Semefo); la segunda, en la tarde, supuestamente del Ministerio Público de Lagos de Moreno, Jalisco. Quien se identificó fue un hombre llamado César López Ramos.
En esas llamadas le informaron que el cuerpo de Pablo estaba ahí, en Lagos de Moreno, y que había ingresado desde el 14 de abril de 2023. Dos años y medio sin saber, y de pronto el golpe seco de una verdad incompleta. Desde Tepic, Alejandrina viajó hasta allá… y se topó con un vacío:
“Nadie supo nada, me mandaron a Guadalajara.
“Yo no tengo certeza de nada, me dicen que está en Lagos, luego que en Guadalajara; no me permiten ver el cuerpo. Por eso exijo que se ponga a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). No confío en Jalisco”, dice con la voz cargada de rabia y cansancio.
Aquella confusión encendió todas las alarmas: dos llamadas, dos ciudades, un mismo cuerpo que nadie le mostraba.
La desaparición y el último mensaje
Pablo tenía 17 años cuando desapareció. Ese mismo día, su madre acudió a interponer la denuncia, pero tuvo que esperar 72 horas para que procediera. Sin respuestas de la Fiscalía de Nayarit, Alejandrina empezó a buscar sola.
Casi ocho días después, el 7 de abril, Pablo logró contactarla por Messenger para enviarle un número telefónico. Esa noche hablaron. Le contó que lo habían reclutado para vender droga en distintos estados, que tenía miedo, que quería escapar.
El 8 y 9 de abril no hubo más mensajes. Alejandrina decidió marcar a ese número: contestó un hombre con acento extranjero. Nunca más volvió a escuchar la voz de su hijo.
“Me dijo que estaba amenazado, que ‘si los traiciono, nos van a matar a mí y a ustedes’”, relata Alejandrina.
“Probablemente la misma delincuencia organizada le quitó la vida a mi hijo por haberse comunicado conmigo. Al parecer fue un colombiano. Su único delito fue pedirme ayuda porque no quería estar ahí”, agregó la madre.
Con apoyo de autoridades, Alejandrina rastreó el número: primero Tala, Jalisco; después Zacatecas, luego Encarnación de Díaz y finalmente Lagos de Moreno, ambos en Jalisco. La ruta coincidía con lo que Pablo alcanzó a contarle: lo movían por varios estados para vender droga. Pero las fiscalías involucradas —Nayarit, Jalisco y Zacatecas— se negaban a asumir la investigación.
“Nadie quería mi carpeta, decían que no era de su competencia. Nos aventaban de un lado a otro”, lamentó.
“Temo que el Estado lo desaparezca por tercera vez”.
El dolor de Alejandrina no solo es la ausencia. Teme ahora una tercera desaparición: primero, cuando se lo llevó el grupo armado; después, cuando lo hallaron y lo ocultaron en las cámaras frías del Semefo sin avisarle; y ahora, bajo trámites, confusiones y lo que llama la crisis forense de Jalisco.
“Me traían de un lado a otro, primero a Guadalajara, luego a Lagos… y en ningún lado aparecía el cuerpo de mi hijo. Pero ellos aseguraban que ahí estaba”, expresó con la voz quebrada.
Su desconfianza creció cuando, por una entrevista pública de un funcionario, se enteró de que su hijo había sido quemado dentro de una camioneta y asesinado por la delincuencia organizada.
“Nadie me notificó de manera oficial, violaron todos los protocolos. Me enteré como cualquier persona, escuchando declaraciones en los medios. Esa es otra forma de revictimizarme”, denunció.
En el Rancho Izaguirre, una pista
En marzo de este año, Alejandrina acudió al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de personas desaparecidas. Ahí, asegura, reconoció unos tenis que podrían haber sido de Pablo.
“Sí coincide porque a mi hijo primero se lo llevan a Tala, Jalisco, y en Tala está el rancho. Las investigaciones dicen que los policías de ahí se los llevaban al rancho”.
La noticia del 21 de septiembre volvió a sacudirla. Tras dos años de espera, las llamadas desde Jalisco no solo hablaban de un cuerpo, también le preguntaban si ya tenía funeraria contratada, dónde vivía y cómo pensaba trasladarse.
“Eso no es un protocolo, eso es revictimizarme y exponerme”, aseguró ante MILENIO.
En Lagos de Moreno le dijeron que no había registro de su hijo. Días después, en Guadalajara, le aseguraron que sí estaba… pero tampoco se lo mostraron. Según los registros oficiales, la coincidencia genética se dio el 5 de marzo de 2025, pero a ella le avisaron hasta septiembre, y de manera informal.
“¿Por qué me avisaron seis meses después? ¿Qué hicieron todo ese tiempo?”, reclamó.
Desde 2023, ella, su hija y el padre de Pablo habían entregado pruebas de ADN, pero Jalisco respondía una y otra vez que no había coincidencias. Incluso, en 2024 volvió a dejar muestras en Guadalajara y la respuesta fue la misma: “aquí no está tu hijo”.
“¿Cómo es posible que después de tanto insistir me salgan con que siempre sí estaba? Eso significa que muchos otros jóvenes están dentro de las cámaras frigoríficas, pero los familiares los seguimos buscando en campo. El Semefo es otra fosa clandestina, pero del Estado”, denunció.
Cuerpos que no son, crisis que persiste
El dolor de Alejandrina se multiplica con lo que ha escuchado de otras madres buscadoras.
“Me dicen: 'tú ten la certeza de que está en Lagos de Moreno'. Pero yo no tengo certeza de nada, hasta que no se entregue y se ponga a disposición de la FGR. Yo no confío en nadie de las autoridades de Jalisco y no es la primera vez: hace poco le entregaron a una compañera un cuerpo y el cráneo no era de su hijo”, relata.
En otro caso, un cuerpo que permaneció desde 2023 en resguardo apenas fue entregado este año.
“Lo que vivimos en Jalisco es una crisis forense que niegan. Creen que con disculpas basta, pero lo que necesitamos es personal capacitado, trato humano y transparencia”.
Datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indican que, entre 2006 y octubre de 2024, Jalisco acumuló 10 mil 983 cuerpos, osamentas y segmentos humanos sin identificar.
El análisis señala que el sexenio pasado, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, fue la etapa más oscura: siete de cada 10 cadáveres sin identificar pertenecen al periodo 2019-2024.
Por todo ello, Alejandrina teme que el cuerpo de su hijo vuelva a perderse en la maraña institucional:
“Mi hijo desapareció el 30 de marzo de 2023; luego, según la llamada, el 14 de abril de 2023 lo encontraron y lo ocultaron en el Semefo; ahora lo vuelven a desaparecer entre trámites y mentiras. Hasta hoy no sé dónde está mi hijo”, indicó.
“Temo que termine en la fosa común”.
Alejandrina confesó que no duerme pensando que el cuerpo de su hijo pueda terminar en una fosa común por negligencia.
“La fiscal de Desaparecidos incluso me dijo que no se me entregó porque yo no fui a reclamarlo. ¿Cómo iba a reclamarlo si me decían que ahí no estaba?”.
El dolor la llevó a convertirse en líder del colectivo Rizpa Nayarit. También integra la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y la Red Internacional de Asociaciones de Familiares de Personas Desaparecidas.
Ser madre buscadora la ha puesto en riesgo. En 2023 recibió amenazas directas, le exigían que dejara de “mover el gallinero”. Cambió de domicilio dos veces y su hija interrumpió los estudios por miedo. Ninguna autoridad le ha ofrecido medidas de protección.
“Pablo estaba en su último semestre de preparatoria; ya estábamos viendo su examen para la Universidad Tecnológica de Nayarit, que sería en enero de 2024… y me lo quitaron. Hoy nadie está exento de vivir esto.
“Es importante ver con quién hablan nuestros hijos, con quién se relacionan, a dónde van a buscar trabajo, quién les ofrece esas ofertas. Hay que hablar con ellos y abrirles los ojos sobre lo que se está viviendo, prevenirlos”, reflexiona.
¿Cuál es la postura de la Fiscalía de Nayarit?
Sobre este caso, la Fiscalía General de Nayarit aseguró a MILENIO, vía comunicación social, que ha actuado conforme a sus facultades: el 2 de abril de 2023 abrió la carpeta de investigación, pero la remitió a la Fiscalía de Zacatecas al determinar que los últimos registros de localización del joven se ubicaban en esa entidad.
“Se entendió que salió de Nayarit hacia otra entidad en búsqueda de trabajo y, al hacerse las investigaciones, se determinó que su última ubicación fue en Zacatecas, en la zona de Obraje de Pino, por lo que la carpeta fue turnada a esa fiscalía”, indicó la dependencia en un posicionamiento emitido a petición de esta plataforma.
Las autoridades reconocieron que hubo confusión sobre qué fiscalía debía atraer el caso, pues también hubo geolocalizaciones en Aguascalientes. Finalmente, Zacatecas asumió la investigación.
Jalisco confirma la identidad, pero no entrega el cuerpo
En tanto, a petición de MILENIO, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó que los restos localizados en 2023 corresponden a Pablo Joaquín Gómez Orozco, tras obtener un resultado positivo en la confronta genética con las muestras de sus padres.
El cuerpo, sin embargo, no ha sido entregado porque la madre solicitó la intervención de la FGR para realizar nuevas pruebas de ADN antes de recibirlo.
De acuerdo con el propio instituto, el cuerpo ingresó al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno, el 14 de abril de 2023. En ese momento, existían dos bases de datos separadas —la del Centro de Identificación Humana y la del laboratorio de genética—, lo que impidió cruzar de inmediato los perfiles genéticos de Pablo con los de sus familiares.
La madre dejó sus muestras en 2024 y 2025 en ambas instancias, pero la falta de conexión entre las bases retrasó la coincidencia. Fue hasta marzo de este año cuando se unificaron los registros y se confirmó la identidad de Pablo, el 5 de marzo de 2025.
“El cuerpo ya está identificado y listo para su entrega; sin embargo, se respeta la decisión de la madre de esperar la participación de la FGR para realizar una verificación independiente”, señaló a este medio el área de comunicación del instituto forense.
Un hijo arrancado por el crimen y atrapado por la burocracia; una madre que busca, denuncia y teme que el Estado lo desaparezca por tercera vez. La historia de Alejandrina es la de miles en México: el eco de un país donde hasta la certeza de la muerte se vuelve incierta.
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