El empresario Manuel Samuel Castro Mercado cumplió ocho años preso acusado del presunto delito homicidio, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que señala que el asunto que integraron las autoridades del estado de Hidalgo está plagado de irregularidades.
A seis años de la recomendación 45/2014, el dueño de Motor Coach Industries (antes Dina Autobuses), solicitó a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, que se analice el seguimiento a la recomendación y se lleven a cabo las acciones para dar cumplimiento al pronunciamiento.
Notivox dio a conocer el caso y que la Comisión descubrió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron de homicidio a Castro Mercado, mientras que el resto de las personas detenidas se auto-inculparon.
Miguel Vázquez Romero, ex tesorero del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, reveló el 10 de febrero de 2014, que el líder del mencionado gremio, Artemio Vázquez Peña, lo presionó para involucrar a Castro en el homicidio del sindicalista Josué Matilde Cotonieto Sánchez.
Samuel Castro ha declarado que le fabricaron un delito con la intención de “despojarlo de su empresa”, localizada en Ciudad Sahagún, motivo por el cual responsabilizó al entonces gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y al ex titular del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, Juan Menes Llaguno, por no haber actuado conforme a la ley.
Castro Mercado envió a Notivox copia del escrito enviado a Rosario Piedra Ibarra, y reiteró que lleva ocho años encarcelado por un crimen que no cometió.
“He de señalar que las recomendaciones primera y tercera del citado pronunciamiento señalan 'en el inicio y trámite' de las denuncias que formuló el Representante Legal de esa Institución Nacional, ante autoridades del estado de Hidalgo; sin embargo, dichas investigaciones están totalmente detenidas.“Con ello esa Institución que usted dignamente preside únicamente está encubriendo el proceder de servidores públicos del Gobierno el Estado de Hidalgo, quienes dolosamente no han integrado debidamente las averiguaciones previa”, detalla el escrito.
Hace unos años, el sacerdote Alejandro Solalinde, así como legisladores de Morena de la pasada legislatura federal, declararon “preso político” al empresario.
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