Solidaridad con las familias de los desaparecidos
Mientras el gobierno de Peña Nieto proclama triunfalista: "Misión cumplida", al apresar uno de los capos de capos más "buscados" por los sabuesos policías y militares, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos. Tal captura no impedirá el pujante comercio de drogas en todo el país y la hiperviolencia social que desata inevitable este mercado muy lucrativo para los narcos mismos y para no pocos empresarios y políticos. En un caso se cumple el cometido, en el otro parece ser una misión imposible de realizar, sea por ineptitud, ineficiencia, indolencia, apatía e indiferencia gubernamental. En un caso se pretende demostrar que la "guerra" contra el narcotráfico tiene "éxito", en el otro debe seguir como amenaza real a quienes luchan en resistencia contra las políticas neoliberales emanadas desde la cúspide gubernamental.
En México continua el gravísimo problema de las personas desaparecidas, cuya cifra oficial es de 27 mil, con un porcentaje muy alto de desapariciones forzadas, es decir aquellas desapariciones perpetradas por agentes del Estado o quienes actúan en su nombre. Según la ONU, 30 por ciento de los desaparecidos son niños y adolescentes. Más de 6 mil menores de 18 años han desaparecido de 2006 a 2014, en su mayoría niñas; algunas ONG aseguran que son 400 mil menores desaparecidos. En las desapariciones forzadas el Estado se niega a reconocer su participación y oculta el paradero de la víctima, dejándola fuera de la protección de la ley. La víctima una vez detenida casi nunca comparece ante un tribunal y también casi nunca hay registro de su "delito" ni de su detención. Desaparecida, la persona está totalmente expuesta a sufrir malos tratos, tortura o la muerte. El terror que hacen los gobiernos con la desaparición forzada es para silenciar a sus detractores e infundir miedo a grupos de activistas persiste en todas partes del mundo, pero en México tal crimen parece ser un mal endémico cual Razón de Estado que demuestra su profundo autoritarismo y violencia, negando cualquier principio democrático de un verdadero Estado de Derecho.
Los días anteriores 14 y 15, respectivamente en la ciudad de México y Guadalajara, Amnistía Internacional [AI] presentó su más reciente informe sobre esta cuestión: "Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México". La cualidad de indolente se aplica a quien no se afecta o conmueve, y también a la persona o institución que no tiene actividad, que se mueve o trabaja lo menos posible. Es alguien o una entidad perezosa, la cual envuelve frecuentemente la atribución de abandono o descuido en sus tareas u obligaciones. Cierto, el gobierno mexicano es totalmente indolente porque le vale madre [dicho así políticamente incorrecto] este grave problema sufrido por los propios desaparecidos y sus familiares. El Informe afirma que "desde 2006, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido del incremento en la desaparición de personas en México". Aunque hay datos oficiales no hay claridad suficiente acerca de cuántos de los desaparecidos han sido sujetos de desaparición forzada, con participación de agentes estatales, cuántos a manos de actores no estatales y cuántos se han ausentado voluntariamente. En 2013, AI publicó su informe Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México: "Poco ha cambiado desde entonces, pero los esfuerzos de distintos colectivos de víctimas y familiares, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado poner el tema en la agenda pública, lo que ha llevado al Estado mexicano anuncie algunas medidas para abordar esta crisis".
En su reciente informe AI estudia dos casos emblemáticos: la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa; y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua: 1700 víctimas. Ambos casos son pavorosos y la reacción del Estado es de indolencia manifiesta. Al margen de la forma de desaparición, el gobierno es totalmente incapaz de dar respuesta sólida para encontrar la verdad y garantizar justicia ¡Eso sí! El Estado tiene su verdad histórica, difundida por una legión de periodistas absolutamente corruptos, mercenarios al poder y el dinero. AI afirma que el Estado mexicano es indolente, deficiente e inicia tarde la búsqueda de los desaparecidos y hasta el momento no tiene ninguna política para la prevención de las desapariciones de personas. En el caso de Ayotzinapa "la búsqueda ha tenido serias deficiencias que no han sido subsanadas. En Cuauhtémoc, las víctimas por lo general no son buscadas". El gobierno simula cínicamente una política de búsqueda y de ejercicio de justicia. La impunidad persiste, pues el gobierno rechaza, por ejemplo, que el Ejército de sus testimonios sobre lo sucedido en la noche de Iguala no obstante su participación directa o indirecta en los hechos terroristas.
Erika Guevara, directora para las Américas de AI dijo que –además de hacer recomendaciones pertinentes al gobierno– "el informe rescata una de las crisis más violentas y trágicas en materia de derechos humanos que ha enfrentado México en su historia. México hoy día enfrenta la peor crisis de derechos humanos de todo el hemisferio, una crisis que ha llevado a la muerte a miles y miles de personas en el contexto de una respuesta militarizada a problemas sociales y al narcotráfico". Mientras no haya un cambio profundo de régimen político a uno democrático persistirá el terrorismo de Estado, con toda la impunidad y la simulación.
