En las últimas décadas –dice un manifiesto de la Asamblea Estudiantil de la UdeG– hay un escandaloso avance de la privatización de la cosa pública, y una de las batallas más fuertes se encuentra en el campo de la educación. Esta situación se ha agudizado con las reformas estructurales, derivadas de la presión ejercida por organismos financieros internacionales y por las cúpulas empresariales que no conciben la existencia de derechos humanos y sociales. Más allá del discurso, los hechos son contundentes: Más de la mitad de nuestra población vive en la pobreza, existe una terrible crisis de derechos humanos que incluye miles de desapariciones forzadas, feminicidios y ejecuciones extrajudiciales, las principales ramas económicas están en manos de empresas extranjeras, y hay una creciente pérdida de importantes conquistas sociales, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, el acceso a la seguridad social o a una vejez digna.
En ese contexto situamos lo que ocurre en nuestras universidades, donde está en juego la existencia de la educación pública en todos los niveles, como lo muestra la actual cruzada gubernamental contra el magisterio, intentando desmantelar la educación pública y liquidar los derechos laborales a través de la evaluación punitiva que pretenden imponer Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño. Los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero –donde fueron atacados con saña por fuerzas policiacas 43 estudiantes desaparecidos– van en concordancia con esta embestida brutal por exterminar cualquier rastro de disidencia contra estas políticas.
La privatización en las universidades ha venido manifestándose tanto con la introducción de ideas, prácticas y medidas del sector privado para hacer de las instituciones educativas lo más parecido a las empresas, permitiendo el ánimo de lucro, desvinculando cada vez más al Estado de su obligación de garantizar educación superior con calidad académica y permitiendo que las empresas se dediquen a la formación profesional respondiendo a sus propios intereses. Bajo esta misma lógica se imponen cuotas y aranceles a los estudiantes y se deja abierta la posibilidad de aumentarlas progresivamente, excluyendo a decenas de miles de jóvenes que no pueden costear siquiera el proceso de admisión. El panorama actual no es alentador, con los recortes financieros a educación y cultura, la aplicación del presupuesto cero y el incremento de la deuda pública, se impondrán mayores obstáculos para ingresar a una preparatoria o licenciatura. Ya es escandaloso el porcentaje de jóvenes rechazados de las universidades, y todo esto viene acompañado de mayor precariedad para las y los trabajadores de la educación.
En la UdeG el pequeño grupo de poder la ha convertido en su botín político y económico, caracterizado por aplicar a rajatabla las políticas dictadas desde el gobierno y los organismos empresariales. Por ello el establecimiento de planes de estudio tendientes a eliminar el pensamiento crítico, el constante aumento de cuotas y de los costos de admisión, o la grave precarización laboral en que se encuentran la mayoría de los trabajadores [académicos y administrativos] de nuestra casa de estudios. La constante en la UdeG es la profunda corrupción y el manejo turbio del presupuesto universitario que ha aumentado en alrededor del 136 por ciento en menos de diez años. No nos oponemos al incremento presupuestal, al contrario, nos pronunciamos por mayores recursos a las universidades públicas, incluida la UdeG; sin embargo, es claro que los recursos recibidos no están siendo invertidos en el desarrollo académico y las necesidades que trae consigo. Existe entre muchos estudiantes la falsa idea de que son las cuotas que pagamos se hace posible la existencia de nuestra Universidad; del total del presupuesto [que este año es el mayor de su historia], el subsidio federal y estatal representa el 83.59 por ciento, y el resto lo complementan los Fondos Externos Determinados y los Ingresos Autogenerados, que incluyen los aranceles, entre ellos, las cuotas semestrales, aportaciones voluntarias y exámenes de admisión. Estos son apenas el 3.38 por ciento del presupuesto total, del cual, el cobro de matrícula apenas es el 0.39 por ciento. La UdeG ha sido señalada como la segunda universidad pública con más anomalías en el uso de recursos federales, tan sólo en el 2013, no reportó gastos por 341 millones de pesos, al tiempo que es una de las más favorecidas presupuestalmente y, sin embargo, también es la segunda con menor índice de inversión por estudiante, al favorecer obras faraónicas.
En nuestra universidad, como en las instituciones educativas superiores públicas, la solución a los problemas no pasa por que la juventud y el pueblo trabajador sigan costeando a los grandes empresarios que se enriquecen de las mismas y a la alta burocracia privilegiada, sino por garantizar la gratuidad, el respeto a los derechos laborales y la democracia interna, enmarcando esto en la crítica situación nacional. Por ello hemos comenzado un proceso de articulación con estudiantes de otras universidades de la región, buscando una agenda común y abrir un amplio diálogo sobre la necesidad de una organización estudiantil nacional, independiente de las autoridades universitarias y del Estado, para luchar unitariamente con los demás sectores opositores a esta política oligárquica de despojo. Reivindicamos un Congreso General democrático necesario para una profunda Reforma Universitaria en beneficio del pueblo jalisciense ¡No al pago de cuotas y por la democratización de la UdeG!
El Colectivo de Reflexión Universitaria [CRU] invita al Foro sobre Autoritarismo y Trasparencia Universitaria hoy a las 17:00 horas en el Museo Regional de Guadalajara.
