El Presidente se ha pasado el sexenio entero preguntando con sorna sobre los ingresos del periodista, no porque emitan el menor tufo ilícito, ni mucho menos porque tengan algún interés público, sino porque López Obrador quiere vender el éxito económico de quienes sí trabajan para vivir como seña de perversión. Cuando menos, el de sus críticos.
Gracias a la más reciente columna de Peniley Ramírez hoy sabemos que la duda es retórica: su gobierno tiene meses investigando a Loret y a Víctor Trujillo —el magnífico Brozo, la otra parte de la sátira que ambos hacen en Latinus—, habiéndole solicitado la Unidad de Inteligencia Financiera a bancos y casas de bolsa todo lo referente a sus cuentas, préstamos y transacciones. Esto es un golpe enteramente personal, un ataque no solo contra ellos sino también contra sus esposas y familias, uno que posee la discrecionalidad propia de los gobiernos autocráticos que sin miramientos azuzan a la justicia y a la fuerza del Estado contra aquellos ciudadanos que irritan los rencores del tirano en turno.
No es la primera vez que el Presidente saliente usa el poder que le confiamos los mexicanos para amedrentar o censurar a la prensa. No solo porque, como los mandatarios de la dictadura tricolor, López Obrador da constantes muestras de tener la piel más fina que señorita fifí, sino porque sabe y entiende, también como lo hacía la vieja dictadura, de la necesidad de controlar no solo el mensaje público, sino también a los mensajeros. Desde el inicio del sexenio sus operadores en comunicaciones se han dedicado a amedrentar a los medios, amenazando veladamente —o no— a los dueños y directivos con retirarles las concesiones o el presupuesto para publicidad, colocando plumas compradas en las páginas editoriales —aquellas que, gustosamente o con ascos, se los han permitido— y presionando para que ciertos periodistas incómodos sean acotados o despedidos. A la par, durante seis años continuos, López Obrador mismo ha atacado e insultado una y otra vez a la prensa en general y a sus rencores en particular en sus diatribas mañaneras. Pero este, si bien no es el primer caso donde la Presidencia ha torcido el aparato de justicia para atacar a sus enemigos percibidos o reales —allí está la falsificación de la credencial de Rosario Robles a manos de la próxima Consejera Jurídica de la flamante presidenta, o los extraños procesos que más parecieron extorsiones contra Ancira y Lozoya—, sí es el primero donde el contragolpe a las revelaciones que ventilaron la desbordante corrupción de los hijos y otros familiares de López Obrador conlleva consecuencias penales.
Gracias a los buenos oficios de Ramírez este ataque en particular ha sido desactivado. Habiéndose revelado el ardid, difícilmente se usará la información recaudada para amenazar a Trujillo o a Loret, ni menos para fincarles cargos. Lo que hay que preguntarse es cuántos expedientes contra periodistas y críticos hay en curso en la UIF, o en las fiscalías afines a la Presidencia saliente y a su extensión entrante, sin que nadie se dé por enterado.
