Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dados a conocer ayer, que registraron una disminución de la pobreza en el país, al pasar durante los últimos dos años de 46.8 millones de personas a 38.5 millones, han sido celebrados en exceso por los afines al régimen de la 4T.
Más allá de filias y fobias, si se quiere tener una aproximación seria al trasfondo de las estadísticas, conviene tomar con cautela las cifras del Inegi, para no hacerse una idea imprecisa de la realidad social.
Hay que tomar en cuenta que las cifras del Inegi incluyen los ingresos de los hogares, los cuales se han visto recientemente impactados al alza con un significativo incremento en los salarios mínimos, que desgraciadamente no ha logrado permear en el resto de los tabuladores salariales, y por supuesto, el acumulado en el ingreso proveniente de los programas sociales clientelares.
En este espacio se ha dicho que la medición de la pobreza es multidimensional, por lo que tomar un solo indicador, el ingreso, que impacta ponderadamente el 80 por ciento de la medición, puede llevar a inferencias equivocadas.
Y es que los efectos del actual modelo se verán en el largo plazo. Por poner un ejemplo, con los recientes cambios en el sistema de salud, más mexicanos se han visto privados del acceso a servicios médicos.
Este solo indicador, que por ahora puede tener un peso marginal en la medición, puede desencadenar efectos a largo plazo como el desarrollo de enfermedades crónicas y pérdida patrimonial de los hogares para la atención o cuidados paliativos de las mismas, o incluso la muerte.
Por ello, es de lamentarse la desaparición de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) , cuya última medición multidimensional fue en 2022, y que, por cierto, no es comparable con los datos arrojados ayer por el Inegi, al ser diferente el instrumento evaluador. Al tiempo.
