En la frontera, el zumbido de las maquiladoras siempre fue sinónimo de certeza laboral. Quien llegaba podía encontrar empleo en cuestión de días; sin embargo, la historia está cambiando.
En el primer semestre del año, la industria de la exportación experimentó agitación entre aranceles y abusos contra trabajadores, a la sombra de despidos y hasta desplazados a causa de la inteligencia artificial.
"En lo que va de este año me ha bajado el trabajo un 60 o 70 por ciento. Y pienso que para el siguiente año ya sólo voy a tener un 10 por ciento o nada", dice Sergio Ponce de León, un ingeniero industrial y auditor de proveedores de la maquila médica de Ciudad Juárez.
"Ya están creando un software para hacer las auditorías".
Sergio cuenta en entrevista para MILENIO que siente la inminencia de un eventual despido, como muchos otros que ya lo vivieron.
Cada día del 2025, en promedio, unas 166 personas en la industria de la maquila, manufactura y servicios de exportación fueron dados de baja como consecuencia de las políticas de aranceles y la guerra comercial de Donald Trump.
En ello coinciden los afectados, analistas económicos, defensores de los derechos de los trabajadores y las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su más reciente estadística sobre el tema, el Instituto informó que si bien el número de empresas maquiladoras y manufactureras creció entre diciembre de 2024 y junio de 2025 –pasó de 6 mil 520 a 6 mil 562, es decir 42 más en todo el país–; al menos 13 han comunicado su cierre, bancarrota y suspensión de actividades. Más empresas, pero menos trabajadores.
Sin embargo, las exportaciones de productos de México crecieron a una tasa interanual de 4 por ciento en julio de 2025, impulsadas por los envíos de manufacturas, informó este miércoles el Inegi. La cifra récord llegó a 56 mil 707 millones de dólares.
Las manufacturas representan el 92.3 por ciento de las exportaciones de mercancías de México y crecieron 5.3 por ciento en julio pasado.
Los trabajadores sintieron el golpe de inmediato: si bien no hubo cierres masivos de empresas, sí se perdieron 29 mil 991 empleos en los primeros seis meses del año, o sea, se echaron a la calle a casi cinco mil trabajadores al mes, 166 cada día, siete cada hora.
Pero esa cifra, casi 30 mil personas desempleadas, le parece conservadora a Ponce de León.
"En Juárez ya se fueron tres o cuatro empresas, y con ellas se cierran otras: las de sus proveedores", observa sobre su situación actual.
Esta es una suerte que están compartiendo viejas y nuevas generaciones de gente especializada en los terrenos maquiladores.
Su hijo mayor, por ejemplo, acaba de graduarse en Administración de Empresas, pero no encuentra empleo. Y los colegas de Sergio, muchos de ellos que ahora son gerentes en la industria automotriz y electrónica, le responden de manera similar: "No hay plazas".
"Juárez siempre fue una ciudad con mucho trabajo y ya cambió. Eso está afectando mucho la economía de la ciudad ahora y en el futuro", sintetiza.
A nivel gremial se maneja un discurso diferente. A principios de abril pasado, Héctor Núñez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), declaró que en la industria maquiladora no hay fuga de empresas y que éstas estaban tomando "con calma" el asunto de los impuestos de Donald Trump, pero no mencionó las condiciones de los trabajadores.
Este diario buscó sin éxito entrevistas con los directivos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. "Agenda llena", argumentaron en un mensaje de texto desde el área de atención a medios.
Contratos temporales recrudecen el abuso
Julia Quiñones, directora del Comité Fronterizo de Obreras en Coahuila y Margarita Ávila, fundadora del colectivo Ollin Calli en Tijuana, Baja California, denuncian que meter miedo bajo amenazas de despidos es parte de una estrategia empresarial para precarizar los salarios de los trabajadores, quitarles derechos y abusar de la fuerza laboral.
"Las maquiladoras aprovechan el momento para ganar lo más que se pueda, a costa de los trabajadores", resume Quiñones.
"Siempre lo han hecho y este año lo hacen más", destaca Ávila.
En una buena cantidad de maquiladoras de ambas ciudades fronterizas el contrato laboral dura apenas 30 días; en el de Tijuana, tres meses, y al término de esos periodos los trabajadores firman nuevos documentos que les permiten seguir en la línea de producción, pero sin antigüedad.
"Así no generan ninguna estabilidad en el empleo. Bajo cualquier situación son amenazados con despidos", denuncia Quiñones.
"Basta una falta por enfermedad o un malentendido con un supervisor para que la empresa decida no renovar" su contrato.
Las obreras con hijos en edad escolar lo saben mejor que nadie: en mayo y junio pasados, cuando abundaban las ceremonias escolares de finales de curso, muchas madres quedaron sin contrato simplemente por pedir un día libre.
El mecanismo no es accidental: los contratos temporales, que deberían usarse solamente para cubrir licencias de maternidad o reemplazos temporales, se han convertido en un instrumento de control.
"La Secretaría del Trabajo lo permite, y los trabajadores viven cada mes con la sensación de que no los llamarán", denuncia Quiñones.
En Tijuana, "la jornada de trabajo llega a ser de hasta 12 horas. Y ese tiempo extra no se paga como dice la ley", destaca Ávila.
Además, la flexibilidad en los ciclos de producción de las empresas funciona siempre a su favor, observan las activistas: cuando hay alta demanda, exigen largas jornadas sin remuneración doble como marca la ley; cuando baja la carga, envían a los obreros a descansar, pero sin paga.
La maquinaria de los despidos está bien calculada, según los historiales. En diciembre, los aplican para no pagar aguinaldos; en mayo, para evitar utilidades; en julio, bajo el pretexto de "baja producción".
Los trabajadores son obligados a firmar renuncias voluntarias y, meses después, muchos son recontratados pero con peores condiciones, como ocurre ya durante este agosto.
En algunos casos, las empresas empujan a los empleados a registrarse en outsourcing, reduciendo prestaciones y desligándose de cualquier responsabilidad laboral.
En enero ya no hubo revisiones salariales en Coahuila. En mayo, las utilidades, ese derecho ganado tras un año de producción, se esfumaron bajo el argumento empresarial de la "inestabilidad".
"Las vacaciones también se las están condicionando de acuerdo a la producción, no cuando las quiere disfrutar el trabajador", señala Quiñones.
"Lo que pasa es que en las reuniones de supervisores o en los pasillos de la fábrica circula la advertencia: la empresa puede cerrar".
El resultado: los trabajadores ceden, aceptan las nuevas reglas, la reducción de horarios y la baja salarial.
Recientemente, con el inicio del ciclo escolar, los gastos de útiles escolares se convirtieron en un calvario. El Comité Fronterizo de Obreras organizó una colecta con apoyo de una organización en Austin, Texas; lograron reunir algunos paquetes, pero no alcanzaron para cubrir todas las necesidades.
Frente al retroceso laboral, los trabajadores han aprendido a diversificar sus ingresos. Unos cruzan a Estados Unidos para donar plasma sanguíneo a cambio de unos dólares.
Otros compran cosméticos y artículos baratos para revenderlos en la fábrica o en los tianguis. Muchos más se lanzan a la industria de la construcción o a la venta de ropa usada traída del otro lado de la frontera.
"No sabemos cuánto se puede resistir así", señala Quiñones.
Bancarrota para no liquidar empleados
El bloqueo a las contrataciones y ceses se empezaron a vislumbrar desde 2024. El reporte del Inegi respecto del cierre de ese año reportó una reducción del 0.8 por ciento en la plantilla laboral del conocido como Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), especialmente en estados fronterizos.
En Chihuahua se registraron 40 mil 353 empleos menos en el sector IMMEX en comparación con diciembre de 2023, la mayor caída desde 2019.
Coahuila perdió 22 mil 352, Tamaulipas, disminuyó 5 mil 368 plazas y Baja California reportó una disminución de 4.6 por ciento.
"Ya se empezaba a ver [desde 2024] pero durante este año se agudizó y con algo peor: las empresas se declaran en quiebra porque así no dan liquidación", dijo Elizabeth 'Betty' Ávalos, coordinadora general de la Colectiva Rosa de Luxemburgo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Antes hablábamos de empresas golondrinas que se iban sin más, desaparecían", agrega la activista, "hoy dan la cara, pero se amparan en la bancarrota y no pagan".
En los últimos meses dos maquiladoras locales aplicaron esa estrategia y alrededor de 300 trabajadores quedaron mal parados.
EDC México, dedicada a la fabricación de moños y listones, hizo algunos pagos parciales, pero la mayoría de los empleados se quedó sin liquidación, especialmente en los casos de mayor antigüedad, destaca Ávalos.
TPI Composites, que fabricaba hélices para energía eólica, intentó un plan paulatino de salida, con pagos escalonados y menos despidos abruptos. Pero el saldo es el mismo: familias enteras en la incertidumbre.
Para la Colectiva Rosa de Luxemburgo, el problema no es sólo económico sino político. Cree que la figura de bancarrota se está usando como escudo legal para no cumplir con los derechos laborales y por ello la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe acompañar de manera "real y efectiva" a los obreros en estos procesos.
"Nosotros hemos propuesto al gobierno intervenir para exigir garantías o fianzas a las empresas, de ese modo, si cierran sus puertas, habría recursos suficientes para liquidar a sus trabajadores", plantea Ávila.
La mayoría de las plantas que reportan cierre de operaciones, que fueron suspendidas o perdieron su registro IMMEX entre marzo y agosto de 2025 acusan causas como presunta simulación en procesos de manufactura, importaciones irregulares, o estrategias empresariales ante cambios regulatorios o de demanda.
La suspensión del IMMEX implica restricciones severas o cierre de actividades exportadoras, aunque no en todos los casos equivale a cierre total inmediato.
A rascarse con sus propias uñas
Sergio Ponce de León lleva más de 16 años auditando procesos para una empresa estadunidense dedicada a la fabricación de catéteres y equipo médico. Su labor consistía en tres tipos de auditorías a los proveedores: presenciales, virtuales y por cuestionario. Las primeras eran las mejor pagadas; las últimas, apenas un trámite barato.
Pero con la presión de los aranceles, las empresas decidieron recortar al máximo.
"En lugar de mandarnos a hacerlas presenciales, dijeron que mejor fueran virtuales, y después que ya ni virtuales, que puros cuestionarios. Para acabarla, esos cuestionarios ya los está revisando un software de inteligencia artificial", explica.
Su futuro inmediato, dice, es claro: la máquina desplazará al auditor humano.
Ante el panorama, Sergio se refugia en la diversificación: bienes raíces junto a su hijo mayor, compraventa de camionetas con el hijo menor, y la esperanza de conseguir trabajo en otra ciudad o país si la crisis se prolonga.
No es el único en tal situación. Relata algunos casos cercanos: un ingeniero en sistemas, de su edad, lleva año y medio sin trabajo y planea emigrar a Estados Unidos; otro vecino, ingeniero también, suma seis meses de desempleo y busca suerte en otros estados.
La frontera se vuelve válvula de escape. Las empresas estadunidenses, señala, ya están aprovechando el talento juarense con las visas TN para profesionistas mexicanos y canadienses, las cuales les permite trabajar en Estados Unidos sin que implique residencia.
"Algunas empresas ofrecen TN, puedes vivir y trabajar allá, pagar impuestos. La desventaja es que, cuando se acaba el trabajo, no te dan nada, simplemente te dicen se acabó y te regresas a México".
Sergio no se encuentra al límite. Ahorró, heredó una casa y no paga renta, únicamente servicios y alimentos. No está tan mal, acaso vive más austero.
"Antes iba dos o tres veces al año de viaje, ahora sólo una vez y más cerca o menos días. Antes podía ir todos los días de la semana a restaurantes y ahora sólo uno. Si me organizo bien tengo para lo necesario, pero lo que desestabiliza mi presupuesto es viajar con la familia".
Otros no corren con la misma suerte. Amigos suyos batallan con lo esencial: la comida, la renta, la universidad de los hijos. En los barrios periféricos observa un fenómeno inquietante: ya hay casas abandonadas.
"Como los operadores [obreros] no son de Juárez, vienen de Chiapas, de Veracruz, del centro del país, quizás se están regresando a sus casas o intentando cruzar a Estados Unidos.
"El trabajo de esos niveles está competido con migrantes de Venezuela, Centroamérica, Cuba... y los empresarios les pagan menos, sin prestaciones. Prefieren contratar a dos migrantes en esas condiciones que a un mexicano".
Sergio cree que si el gobierno mexicano quisiera ayudar, podría hacerlo implementando un seguro de desempleo que dure más de tres meses, como en muchos países, incluido Estados Unidos.
"En una crisis así tres meses no sirven", argumenta.
"El gobierno pudiera ayudar, pero no creo que pase: vivimos en un país corrupto y no les importa".
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ksh
