La administración del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que le permita poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de migrantes de cuatro países.
La apelación de emergencia pide a los jueces que eliminen una orden de un tribunal inferior que mantiene las protecciones legales para más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
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La administración republicana argumenta que la decisión interfiere indebidamente en la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes de la administración”, escribió el Procurador General John Sauer.
La orden de la jueza Indira Talwani en Boston le prohibió a la administración Trump poner fin anticipadamente al estatus legal temporal de los migrantes. Su fallo a mediados de abril se produjo poco antes de que sus permisos fueran cancelados, exponiéndolos a una posible deportación.
Talwani, quien fue nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, declaró que los migrantes en el programa que están legalmente en Estados Unidos ahora enfrentan la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”. Indicó que la explicación del gobierno para terminar el programa se basaba en “una interpretación incorrecta de la ley”.
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la migración.
Trump prometió durante la campaña deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente. Su administración también ha buscado desmantelar políticas de la administración demócrata del presidente Joe Biden que crearon nuevas vías para que las personas vivan legalmente en Estados Unidos, generalmente por dos años con autorización de trabajo.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952.
Los beneficiarios incluyeron a más de 500 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros en permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.
Los defensores han calificado el movimiento de la administración Trump para terminar el programa como “sin precedentes” y argumentaron que violaba la normativa federal.
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HCM
