Una comisión rechazó el juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ahora será votado por la Cámara de Diputados, por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal.
Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra y el último, un independiente de centroizquierda, se abstuvo, por ello, no fue admitida la solicitud de abrir una acusación constitucional.
Sin embargo, la decisión del grupo no es vinculante y el pedido de juicio político será votado por el pleno de 155 diputados en una sesión prevista, hasta ahora, para el próximo lunes.
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Los 16 diputados opositores que buscan impulsan la acusación afirman que el presidente transgredió la constitución, las leyes y que comprometió el honor de la nación.
El diputado José Auth, el independiente que se abstuvo, calificó de débiles algunas de las acusaciones contra el gobernante pero consideró grave que, al firmarse el contrato de compraventa en las Islas Vírgenes Británicas, no se haya declarado “la existencia de una persona políticamente expuesta”.
Por su parte, la diputada Virginia Troncoso afirmó que, en la investigación, “no se puede advertir (..) un acto ilegal ni ilícito” de Piñera.
La diputada Paulina Núñez se opuso al juicio porque “no existen actos de la administración del presidente Piñera que sean susceptibles de encuadrarse o subsumirse en algunas de las causales de la constitución”.
En cambio, Maya Fernández, que votó a favor de enjuiciar al mandatario, dijo que la defensa de Piñera no dejó claro por qué "el negocio se hizo en el extranjero y no en Chile”.
Tras la difusión de los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que en octubre reveló transacciones de personalidades y ex autoridades en paraísos fiscales, entre ellos Piñera, 16 diputados opositores pidieron iniciar un juicio político contra el mandatario.
En tanto, la Fiscalía Nacional anunció una investigación penal contra Sebastián Piñera sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.
La investigación periodística indica que la venta del proyecto minero y portuario Dominga se firmó en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010, a nueve meses del inicio del primer gobierno de Piñera, y que el pago de la tercera y última cuota por parte de los compradores se condicionó a que, en la zona prevista para instalar la empresa, no hubiera cambios medioambientales que impidieran su instalación.
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En agosto de 2010, Piñera reubicó la instalación de una termoeléctrica ya aprobada y que se levantaría en el mismo lugar que el proyecto Dominga, en la comuna de La Higuera, a 30 kilómetros de una zona con flora y fauna en peligro de extinción. Además, en esa época se desconocía la existencia de los condicionantes para el pago del proyecto, adquirido por un íntimo amigo del mandatario.
Piñera afirmó que no fue informado sobre la venta y que los hechos registrados en 2010 están prescritos. La legislación permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado.
Su defensa reiteró que una investigación judicial de 2017 sobre otras gestiones empresariales de la familia Piñera Morel concluyó que el mandatario no estuvo involucrado ni cometió delitos. El ex fiscal Manuel Guerra, que llevó la indagación hace cuatro años, declaró que lo revelado por los Papeles de Pandora, sobre el condicionamiento del pago por los compradores, es información nueva que podría dar lugar a un nuevo juicio.
La comisión parlamentaria resolvió sobre el juicio político luego de escuchar a decenas de abogados, ex autoridades y al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que contradijo a los acusadores al afirmar que el producto de la venta de Dominga fue informado a la autoridad y que se pagaron los impuestos correspondientes.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene mayoría. Sin embargo, se estima improbable la oposición, que tiene 24 de los 43 asientos del Senado, reúna los 29 votos requeridos en este caso.
ROA
