La magistrada española Inmaculada Iglesias emitió un auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
Con esta decisión, adelantada por el portal elDiario la jueza finaliza la instrucción de la pieza principal, dedicada al fraude a Hacienda de 350 mil 951euros por González Amador en dos ejercicios fiscales, posteriores al pelotazo de casi 2 millones de euros que dio con la compraventa de mascarillas en una sola operación en plena pandemia y cuando precisamente Madrid tenía el récord de fallecidos en España.
Sin embargo, el novio de la jefa del Ejecutivo madrileño (Partido Popular, derechas) sigue imputado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada abierta en el mismo juzgado.
En el mismo auto, la magistrada también sienta en el banquillo a un hombre de nacionalidad mexicana, Maximiliano Niederer, a quien se considera como el testaferro del novio de la presidenta y del que nadie sabe nada, así como a otras tres personas que habrían prestado varias sociedades fantasma para que las utilizara la trama.
La situación de González Amador podría haber sido el de un “ciudadano particular”, como reclama la propia Díaz Ayuso, si el Gobierno madrileño hubiera prescindido de salir en su defensa desde el momento en que estalló el caso por el que se investigan hasta cinco delitos, por dos de los cuales ya ha sido procesado.
Sin embargo, una vez asumida la defensa mediática por parte de la administración madrileña, incluyendo la difusión de bulos y amenazas a periodistas, la investigación pasó a ser de interés público, tal y como recordaba el Supremo esta semana al tumbar una de las demandas de González Amador contra un miembro del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, por un lado (y con auto de procesamiento); y otros dos más, contemplados en otra causa judicial, por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia imputa estos cinco delitos a González Amador, lejos de la “simple multa” por un atraso en el pago de una deuda tributaria a la que Ayuso aseguraba que se enfrentaba su pareja.
Falta saber si González Amador optará por un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar una condena mayor a dos años que pudiera suponer entrada en prisión. Solo por los dos delitos de fraude fiscal ya se expone a un castigo de entre dos y diez años.
SNGZ
