En agosto del 2024 abogados del dueño de un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Anna en Torreón solicitaron a los habitantes del lugar que se retiraran del sitio y que contaban con una orden de un Juez para desalojarlos, más de 150 familias vivían de forma irregular en la zona apoyados por una asociación de la cual algunos de sus dirigentes fueron investigados y vinculados a proceso.
Son decenas de casas, algunas construidas con madera y láminas, otras con block y cemento totalmente fincadas las cuales deben ser derribadas para evitar que el lugar vuelva a ser invadido, la mañana de este jueves representantes legales del propietario llegaron a la calle Luisas con maquinaria pesada y elementos de la Policía Municipal y agentes del Ministerio Público.
Te recomendamos...
Una orden por parte de un Juez de control avala el desalojo, el cual debió llevarse a cabo de forma voluntaria desde agosto del año pasado dando una prórroga a los habitantes de retirarse hasta el mes de septiembre, esto fue atendido solo por unas cuantas familias las cuales se retiraron, en cambio, otras 150 decidieron permanecer en el lugar con su patrimonio.
Al principio los habitantes se negaron a ser desalojados, pidieron incluso hablar con el dueño para que les vendiera solo esa parte en donde hay viviendas pero ante la negativa resultaron molestos, uno de ellos incluso intentó ver la orden judicial por la fuerza llevando a los policías a poner un orden.
“En la mañana una persona quiso tomar el papel y los policías lo agredieron”, explicó Ana Luisa, “no hay lugar a donde llevar las cosas, son familias y hay niños y personas de la tercera edad”.
Los vecinos señalan a Karla “N”, líder de los Antorchistas, y es a nombre de la mujer a quien señala la orden de desalojo por parte de las autoridades, algunos señalan que cuando supieron del desalojo dejaron de brindarles la “cuota” mientras que otros vecinos continuaron apoyados por esta asociación.
Una vez que inició el derribo de algunas de las construcciones, uno de los jacales se incendió, algunos vecinos señalan que fue intencionado y otros que pudo tratarse de un corto circuito al momento de derribarlo, sin embargo, el siniestro movilizó al cuerpo de Bomberos al lugar.
Luego de una reunión se estableció un lapso de tiempo para que los habitantes señalan fueran con sus cosas, unos comenzaron a cargar todo en camionetas o simplemente a sacarlas pero hubo quienes simplemente se quedaron afuera ya que no tienen otro lugar al que ir.
“Ahorita lo que queremos es apoyo del gobierno, no creo que el gobierno no tenga que nos lo venda, no queremos nada regalado ya le invertimos mucho aquí, creo que con eso hemos demostrado que no queremos regalado, aunque sea vendido pero que nos den a dónde irnos a meter ya, aunque sea un terreno pero llevarnos con lo que vamos a empezar”, señaló una de las vecinas la cual aseguró ser de las primeras habitantes.
A familia le vendieron espacio en 10 mil pesos
Otro es el caso de Viviana y su familia, ella y su esposa compraron uno de los terrenos, quien se los vendió les aclaró que no tenían los papeles pero ellos al ver otras casas y que los vecinos les aseguraron que era un lugar seguro pagaron 10 mil pesos y comenzaron a construir.
Tienen ocho años en los que han invertido cerca de cien mil pesos, ahora tuvieron que pedir una camioneta prestada para llevar todas las cosas importantes y ver dónde se van a quedar mientras encuentran otro lugar.
“Aquí vivía una persona, no supe a él quién le vendió o cómo adquirió, nos lo dio a bajo precio a 10 mil y se nos hizo muy barato, fue la forma en la que llegamos y tenemos como ocho años viviendo aquí la misma edad que nuestro hijo mayor, no sé a dónde iríamos realmente no tenemos a dónde ir, los niños enfermos tuvimos que nebulizarlos, nosotros fincamos porque vimos casas construidas y la gente nos decía que si era un lugar seguro para vivir, invertimos nuestro dinero”. comentó Viviana.
Aunque aseguran que nunca nadie les prohibió asentarse ahí, abogados del dueño señalan que desde que iniciaron la invasión trabajadores acudieron para pedirles que se retiraran pero al negarse fue cuando comenzó la demanda ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Desde 2019 hay denuncia
César Aguilar, asesor jurídico del propietario comentó que desde el 2019 se interpuso la denuncia por el delito de despojó en contra de una asociación y Karla “N”, quien fue vinculada a proceso años después por el mismo delito.
“Este tema inicia en 2019 con una denuncia por el delito de despojo de una ocupación que comenzó con una mancha mínima y se fue extendiendo apoyados por un movimiento social, la denuncia se extendió hasta que hubo los elementos para formar la imputación ante un Juez de control”, explicó el asesor jurídico.
Además de la vinculación los abogados solicitaron la restitución del inmueble que fue conducida por el Juez en el mes de agosto, “la Juez lo concedió con el efecto siguiente de que tuvieran un mes de entregar el predio de manera voluntaria y si en un mes y si no ocurría la Juez ordenaría el apoyo de las autoridades de seguridad”.
El término venció el 13 de septiembre y a partir de ahí se realizó la petición para el oficio dirigido a las autoridades quienes finalmente este 20 de febrero acudieron para restituir el derecho del propietario por el predio.
Destacó que los habitantes siempre tuvieron la conciencia de estar de forma irregular pero al pertenecer a un movimiento les prometieron que en algún momento podría llegar a haber una regularización, “eso nunca fue cierto, la gente por tener un arraigo al lugar decidieron no abandonarlo a pesar de ya tener la advertencia que desde el 13 de agosto había esta orden”, agregó César.
cale
