El vicealmirante Emanuel Roberto “N” y nueve integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas.
Después de celebrar una audiencia de más de 18 horas en los juzgados federales del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, un juez federal determinó vincular a proceso a estos sospechosos, que fueron detenidos la semana anterior.
Durante la audiencia se explicó que, aparentemente, estos sujetos habrían facilitado el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio mexicano, haciéndose pasar por aditivos, cuando en realidad se trataba de diésel.
En esta tesitura, la teoría del caso de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que se trata de una estructura con gran poder económico, capaz de corromper y presionar o coaccionar tanto a empresarios, servidores públicos y otros actores.
También señalan que sería un grupo de alta peligrosidad, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México, además de que contaría con personas jurídicas, así como con integrantes de las Fuerzas Armadas, activos e inactivos.
Reclasifican delito; permanecerán en prisión
Durante esta audiencia, el juez responsable realizó algunas precisiones; la más profunda fue la reclasificación del delito para dejarlo como delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos. Sin embargo, hubo atenuantes para los 10 detenidos.
En el caso del vicealmirante Emanuel Roberto “N”, se determinó que tenía funciones de dirección que, aparentemente, le permitieron preparar y dar el visto bueno de perfiles que operarían en esta estructura criminal. Mientras que Climaco “N” y Humberto “N” también habrían desempeñado trabajos de dirección en esta estructura, con la designación de servidores públicos en distintas aduanas, además de recibir dinero.
En lo que respecta a Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, todos ellos enfrentan procesos por la posible simulación de revisión de los buquetanques en distintos grados: desde evitar inspecciones con cámaras de vigilancia, hasta la entrega de supuestas muestras, entre otros.
Tras analizar los datos de prueba de la fiscalía, sobresalieron algunas declaraciones, entre las cuales destaca la de Rubén Guerrero Alcántara, quien habría dejado un manuscrito antes de ser asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, presumiblemente por denunciar estas irregularidades.
Aparentemente, su testimonio fue clave en este ejercicio, al igual que el de otros perfiles como el testigo protegido “Santo” y los de “JH” y “HRV”, quienes habrían aportado evidencia sobre el modo de operar de esta estructura, que entre 2024 y 2025 habría permitido el ingreso a territorio mexicano de 32 barcos con diésel, pero reportados como aditivos, lo que significó un daño económico en perjuicio del Estado.
Para ello, hubo la participación de autoridades y otros personajes que recibieron dinero para facilitar estos actos.
El juez vinculó a proceso a estos 10 integrantes de la Semar, abrió un plazo de investigación complementaria de seis meses y dictó prisión preventiva justificada.
