La bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a diversas leyes para imponer la prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables de portación, fabricación, importación, tráfico o acopio ilícito de armas.
El proyecto prevé, igualmente, la negativa de libertad preparatoria a los sentenciados por la introducción clandestina al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como por la portación, fabricación, importación, venta o acopio ilegal de instrumentos para ataque o defensa.
Por conducto de la legisladora Rocío Corona y después de que el canciller Marcelo Ebrard le pidió tipificar dichos actos como delitos graves, la fracción verde en el Palacio de San Lázaro propuso además castigar con una pena de tres a diez años de prisión, así como multa de 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien porte, fabrique, importe, trafique o acopie sin un fin lícito instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas.
Actualmente, la pena es de sólo tres meses a tres años de prisión y 180 a 360 días multa.
La iniciativa turnada a las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados subraya que el creciente uso de armas de fuego en la comisión de delitos contra la población obligan a sancionar con mayor severidad esa conducta.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro robos cometidos en el país en 2020 se realizaron con armas de fuego.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que el país cerró ese año con 34 mil 515 homicidios dolosos, de los cuales 70 por ciento se cometieron con armas de fuego.
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La diputada Corona subrayó, asimismo, que 80 por ciento de 15 millones de armas ilegales en México están en manos del crimen organizado, grupos delincuenciales y cuerpos armados autodenominados como autodefensas, según la compañía Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.
Consideró por ello indispensable legislar para contar con un marco jurídico que permita atender y erradicar el tráfico de armas, sean o no de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“Es un delito que ni siquiera asumimos como grave, lo cual evita que pueda ser sancionado con todo el peso de la ley”, puntualizó.
LP
