Cuando tenía tan solo seis años, Adriana Cota fue víctima de violación por parte de José “N”, quién era chofer de su familia y la llevaba a sus clases de regularización cuando era niña; el abuso duro alrededor de 4 años en donde la entonces menor fue víctima de este delito más de 50 veces y obligada a callar ante el miedo de que le hicieran algo a su familia, esto aunado a que por su edad no comprendía a ciencia cierta lo que había pasado; los años transcurrieron y en 2023 se decidió a alzar la voz y denunció a su agresor; sin embargo en noviembre de 2024 tras una audiencia de menos de tres horas la jueza Araceli Gutiérrez del Estado de México decidió sobresellar el proceso bajo el argumento de que el delito ya había prescrito.
Como Adriana cientos de personas que fueron víctimas de abuso cuando eran menores ahora se enfrentan a la impunidad de un sistema que no los respalda, ya que apenas en 2023 la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Código Penal Federal, con el objetivo de que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles; sin embargo, como la ley no es retroactiva casos como el de ella no pueden juzgarse bajo esta legislación.
En entrevista para MILENIO, la joven contó lo duro que fue darse cuenta de esto frente a un proceso de reconocimiento de abuso que tardó más de una década ya que fue hasta su adolescencia que empezó a entender que lo ocurrido con ella había sido una violación, y aun así, por miedo y vergüenza fue que tardó todavía más años en alzar la voz, Adriana de ahora 23 años recuerda cómo en ese momento se sintió mal y sucia con su cuerpo, dudando incluso de si las personas a su alrededor le iban a creer.
“Lo que me impulsó fue que ya habían pasado muchos años y aún así me seguía afectando, y aún así me quitaba el sueño en las noches y me daba mucha tristeza y por eso es que yo decidí acercarme a contárselo a mis familiares para buscar una red de apoyo”.
De acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia, entre 2011 y 2023 al menos 49 mil 657 menores fueron víctimas de abuso, y aunque algunos de estos casos todavía podrían acceder a juicios, en aquellos ocurrieron la década pasada no sería tan sencillo ya que, en muchos códigos penales estatales estos delitos prescribían con la mitad de la pena privativa; en el caso del Estado de México el delito de abuso sexual la pena era de 5 años, por lo cual a los dos años y medio después del abuso si la víctima no denunciaba ya no había delito que perseguir.
Al respecto, Mariana Gil, directora de la oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, remarcó la importancia de que las fiscalías y el Poder Judicial se especialicen en estos temas, ya que es necesario adaptar la justicia a favor de las infancias quiénes muchas veces son víctimas de delitos de realización oculta, esto aunado a que tardan muchos años en denunciar.
“La impunidad en estos casos es muy grande porque solo está el testimonio de la víctima o en algunos casos un dictamen psicológico donde se ven afectaciones, pero muchas veces los lugares donde se cometieron ya no hay pruebas o ya no existen, incluso las lesiones que pudiera haber en sus cuerpos también ya no existen por el paso del tiempo entonces realmente si no se juzga con una perspectiva de infancia y se espera que haya pruebas como por ejemplo una lesión vía vaginal o una videograbación o testigos es donde la impunidad crece porque pues no existen”.
Actualmente Adriana metió una apelación en su caso y será el tercer tribunal de alzada en materia penal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por medio del magistrado Arturo Márquez González quién llevará su asunto; con lo cual buscan acceder a la justicia esperando que se reconozca que si bien el delito ocurrió hace varios años generó graves afectaciones a largo plazo para la víctima.
Apenas el pasado 26 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en donde determinó que los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes deben considerarse como imprescriptibles, ya que tienen repercusiones serias y perjudiciales a corto y largo plazo, las cuales no solo ponen en grave peligro su supervivencia y comprometen su adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, sino que afectan de forma significativa su capacidad para revelar los hechos de forma temprana, esto sin tomar en cuenta cuando se hizo la reforma en esta materia.
“Esos delitos no deberían preescribir y justamente porque las víctimas nos tardamos muchos años en hablar, en poder contar lo que nos pasó, en poder tomar la valentía y pues fue muy triste lo que pasó”.
LG
