A pesar de que el exgobernador de Morelos y ahora candidato a diputado federal, Sergio Estrada Cajigal, se encuentra en prisión preventiva desde el 25 de mayo, acusado de violencia familiar, el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que mantener vigente su candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México.
En acatamiento a una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del INE aprobó un acuerdo la noche de este sábado, en la víspera de la jornada electoral, para determinar que Estrada es elegible como candidato a diputado federal propietario por el principio de mayoría relativa en el distrito 01 del estado de Morelos.
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Debido a que la jueza de control no ha determinado la suspensión de los derechos político-electorales de Estrada, y para respetar la presunción de inocencia, la autoridad electoral determinó que cumple con lo dispuesto en la normatividad para ser postulado por un cargo federal de elección popular.
“Si bien se advierte la existencia de una causa penal iniciada en contra del ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, por el delito de violencia familiar, la jueza respectiva informó que no se ha emitido auto alguno a partir del cual le haya suspendido el ejercicio de sus derechos político-electorales, y sin que el partido político nacional solicitante demuestre lo contrario”, dice el acuerdo.
Desde antes de que fuera detenido, Morena había solicitado al INE que se le retirara la candidatura y se ordene su inmediata sustitución, “debido a que existe un auto de vinculación a proceso en su contra por los delitos de violencia familiar y de género, decretado por parte de una autoridad jurisdiccional penal en Quintana Roo, lo cual actualiza lo previsto en el artículo 38, fracción V, de la Constitución”.
Sin embargo, al hacer las consultas respectivas con la jueza, a la que se le pidió que informara si entre las medidas que se tomaron, además de la prisión preventiva, se había considerado la suspensión de sus derechos político-electorales, la juzgadora informó que no se había tomado esa determinación.
La sentencia de la Sala Regional mandató al INE resolver sobre la elegibilidad del aspirante a la brevedad y para ello, “ponderar el derecho político a ser votada y votado, además de atender a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, sostenidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por lo definido por la Sala Superior de ese Tribunal Electoral”.
El acuerdo fue aprobado con el voto concurrente de la consejera Carla Humphrey, quien manifestó su desacuerdo por la sentencia que los obligó a mantener vigente la candidatura de dicho personaje.
“En un país con estos niveles de impunidad, 92 por ciento, es casi imposible que una mujer cuente con una sentencia definitiva para proporcionar a esta autoridad respecto de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el artículo 38 fracción VII, por violencia política o en razón de género; lo digo porque el delito por el que está abierta la causa penal es por violencia familiar”, expresó.
“Nos encontramos ante la falta de una sentencia y de la suspensión de derechos político-electorales, pero evidentemente existen elementos de la conducta por los que se emitió la medida cautelar”, dijo Humphrey.
La consejera opinó que, “a mi juicio, se le debería cancelar el registro y con base en los principios constitucionales de las mujeres a una vida libre de violencia, se le debería cancelar el registro al candidato, ya que está demostrado que esta persona es una persona violentadora, están ahí los elementos, creo que es claro que estamos ante el caso de una permanente y consistente obstaculización sistemática de administración de justicia cuando se trata de mujeres violentadas”.
Carla Humphrey aseguró que votaría a favor para acatar la sentencia, pero, con un voto concurrente.
“Por supuesto que no comparto las consideraciones de la Sala Regional Ciudad de México, no comparto los fundamentos, no está clara la ponderación entre el principio de presunción de inocencia, ya está judicializándose este asunto, con los principios constitucionales de mujeres a una vida libre de violencia”, manifestó.
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