El diputado federal del PRD, Jorge Casarrubias Vázquez, demandó a las autoridades federales dar resultados a la brevedad de sus investigaciones en torno a los asesinatos que se registraron en el pasado proceso electoral, a fin de hacer justicia tanto a las víctimas de violencia política como a sus familiares, amistades, correligionarios y a la ciudadanía en general.
El legislador federal solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldar su demanda y le propuso un acuerdo para tal efecto en el que advirtió que los esfuerzos y responsabilidades de esas autoridades no deben darse por terminados una vez concluidas las elecciones.
Recordó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del gobierno federal, presentó una estrategia para proteger, con los otros dos niveles de gobierno a candidatos y precandidatos, incluía prevenir amenazas y riesgos incluso por región.
A pesar de ello, dijo, el pasado proceso electoral fue el más violento en la historia del país y para el 31 de mayo se habían cometido 782 agresiones en agravio de aspirantes a algún cargo de elección popular o algún otro político o política, 89 de los cuales fueron asesinatos.
Recordó que de éstos, 35 eran candidatos o precandidatos de prácticamente todas las filiaciones políticas, como Antonio Hernández Godínes, del PRD; Juan Antonio Acosta Cano e Ivonne Gallegos, del PAN; Yuriel Armando González, del PRI; Alma Rosa Barragán y Abel Murrieta, de Movimiento Ciudadano, y Carla Enríquez Merlín, de Morena.
Señaló que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a México a garantizar la vida e integridad personal y seguridad de candidatos y candidatas ante la violencia política que marcó esos comicios.
AESC
