Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF), consideró que el cambio del tope presupuestal de las candidaturas para las elecciones del Poder Judicial afecta a los candidatos y no les permite “jugar en una cancha pareja”.
Y es que ayer, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) cambiar el tope del presupuesto de campañas para las candidaturas del Poder Judicial. Así, el monto mínimo de presupuesto pasa a ser de 220 mil pesos, cantidad que se había establecido como tope máximo.
“El dinero hará diferencia en las campañas electorales y dará como resultado inequidad. Yo me separé del proyecto porque primero había que debatir si el monto de los 220 mil pesos era adecuado como tope máximo para las candidaturas judiciales, luego el INE dijo que la cantidad sería la misma para cualquier candidato. Y no es lo mismo hacer una campaña a nivel nacional, como para el Tribunal de Disciplina Judicial a una candidatura de quien aspire a un juzgado de distrito”, dijo en entrevista para Notivox Televisión con Carlos Zúñiga.
La magistrada señaló que sí era necesario establecer un tope de presupuesto, pero su propuesta era que los 220 mil pesos fueran el tope máximo.
“Estoy en contra de que el piso sea esta cantidad, porque no todas las candidaturas tienen los mismos recursos. 220 mil pesos pueden ser nada para alguien que aspira a la Suprema Corte de Justicia, pero para otras candidaturas, incluidas personas que van para la Suprema Corte, 220 mil pesos es muchísimo dinero”, añadió.
Señaló que se debió tomar en cuenta que esta elección extraordinaria se trata de una elección ciudadana, en la que los candidatos tienen prohibido contar con un financiamiento público o privado. Por ello, hay candidatos que “lleguen con recursos de 100 mil o 150 mil pesos para financiar su campaña, y estarían compitiendo con personas que sí pueden poner 500 mil u 800 mil pesos. Estas personas ya no están en igualdad de condiciones”, dijo.
Por ello, la magistrada consideró que el TEPJF debería proteger a la ciudadanía que no puede recibir dinero de financiamiento privado, así como garantizar una cancha pareja. Sin embargo, aceptó que no se podrá hacer ninguna modificación a esta decisión porque “se trata de un criterio firme de la Sala Superior”.
LP
