Ninguna autoridad del gobierno federal justificó porqué era necesaria la reducción del presupuesto al Programa de Estancias Infantiles, ni mucho menos porqué era importante la emisión de las Reglas de Operación 2019, señaló el juez federal que concedió el primer amparo que frenó la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar dicho programa.
En la sentencia que hoy es pública, el juez Segundo de Distrito con residencia en el estado de Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, calificó de regresiva la medida y de inconstitucional, la cual afecta el contenido esencial de los derechos de los menores.
El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, donde se asignó al Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras un presupuesto de 2 mil 41 millones 621 mil 313 un millones, “de lo que se hace evidente un retroceso en las asignación de recursos dada la reducción presupuestaria de casi un 50% respecto del presupuesto asignado en 2018, 4 mil 70 millones 264 mil 507 pesos”.
En su fallo, el juez subrayó que ninguna de las autoridades responsables justificó por qué era necesaria la regresión, es decir, la reducción del presupuesto y porqué era necesaria la emisión de las Reglas de Operación 2019 en la forma en que se hizo.
“Debiendo entender que una debida justificación de esa clase de medidas les imponía a las autoridades la obligación de analizar los hechos y circunstancias que dieran origen a las mismas realizando un ejercicio de razonabilidad sobre la reducción del presupuesto o la implementación de las nuevas reglas de operación, justificando que las mismas estuvieran orientadas a satisfacer un interés público imperativo y expresando puntualmente qué otros derechos se vieron favorecidos con las medidas.
“En ese entendido, al no existir justificación de ninguno de los aspectos señalados en el párrafo anterior, este juzgador se encuentra en aptitud de concluir válidamente que las medidas analizadas (reducción del presupuesto y Reglas de Operación 2019) no se encuentran justificadas y, por esa razón, resultan violatorias de los artículos 1 y 4 constitucionales”, indica el fallo.
El juez González Ferreiro mencionó que la función del principio constitucional de interés superior del menor prevista en el artículo 4 constitucional, impone al Estado la obligación de realizar acciones positivas a fin de proteger los derechos de los menores, en las que el interés superior del menor dota de contenido a esos derechos de salvaguarda.
“Al respecto, sirve como sustento el contenido de la opinión consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 –solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- en la que se asentó que además de poseer los derechos reconocidos a todos los seres humanos, los niños y niñas gozan de derechos especiales derivados de su condición respecto de los cuales, emanan deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”, apuntó.
La semana pasada, el juzgador concedió la protección de la justicia a Yadira Alejandra Orozco Delgado, quien impugnó la decisión de recortar el presupuesto a los niños de las estancias y entregar los recursos a los padres de familia de manera directa.
En su sentencia, bajo el número de expediente, 674/2019, el juez ordenó a la Secretaría de Bienestar, realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cubrir el monto del programa en la forma en que se venía haciendo conforme a las Reglas de Operación 2018, esto es, por el monto de 950 pesos por niño inscrito al 31 de diciembre de 2018 y que el recurso se entregue conforme a esta última normatividad, esto es, directamente al operador de la estancia infantil.
bgpa
