Ignoro bajo qué análisis y argumentos se basó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en avalar a la autoridad policiaca de nuestro país, para realizar detenciones forzadas, incluso dentro de los vehículos automotores de los ciudadanos, ¡sin orden de un juez! “por la sola sospecha de que los ciudadanos pudieron haber cometido un delito”.
Sin embargo a todas luces la citada resolución es errónea y grave porque viola y atenta las libertades más elementales de la ciudadanía, y como bien lo afirma un escrito de Manuel Borbolla “abre las puertas al abuso policiaco y a las violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados”.
Lo anterior es la evidente entrega alegórica y literal de un “diamante en bruto”, dada la situación de la pobreza formativa civil que tienen los cuerpos policiacos en México, quienes mediante este “modus operandi” que justificará su actuación, los delincuentes disfrazados de policías o los policías al servicio de la delincuencia, como ha ocurrido en diversas partes de nuestro territorio, pueden agraviar hasta la muerte a ciudadanos indefensos con una causa justificada.
Otro de los hechos que se pueden suscitar bajo el dictamen de la resolución, es que los cárteles de la droga utilicen a los cuerpos policiacos para acabar con sus rivales en la lucha encarnizada que se da por el control territorial para efectuar secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta de droga y otras acciones que a diario incrementan la violencia en la nación.
Con esta resolución, a los ministros de la Suprema Corte que votaron a su favor, se les han caído las vestiduras junto con el birrete y ponen en duda su honorabilidad en la procuración de la justicia.
Aún desde antes de la emisión de una resolución que incrementará las arbitrariedades de los cuerpos policiacos hacia la ciudadanía, una “Guía para defenderse de la impunidad” señaló que “en teoría, legalmente la policía no puede pretender identificarte si no hay indicios de comportamiento delictivo o infracción administrativa, pero en la práctica sucede que la policía a veces realiza identificaciones injustificadas”. También en teoría como ciudadano, uno podría “negarse a obedecer una orden ilegítima, pero en la práctica sería complicado (si bien no imposible) que un juez/a acabara considerando la no ilegitimidad de tal orden, por lo que te podría acusar y quizá condenar por desobediencia”, afirma el escrito.
