La figura de candidatos independientes fue incorporada a nuestra Constitución el 9 de agosto de 2012, sin embargo, fue hasta el año 2014 con la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que fueron establecidos los requisitos para poder utilizarla.
Al ser una figura que podrá ser empleada por primera ocasión para contender a la Presidencia de la República, tal parece que todos aquellos ciudadanos que alguna vez soñaron con ser Presidentes de México, pretenden hacer uso de ella.
Hasta el cierre de fecha de esta columna, han acudido 38 ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral para manifestar su intención de contender por la Presidencia de la República por la vía independiente.
Al observar la cantidad de aspirantes a Presidentes, no queda más que dar la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando en agosto de 2008 resolvió el caso Castañeda Gutmman contra México, y en cuyo numeral 193 señalo: “La Corte considera que el Estado ha fundamentado que el registro de candidatos, exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas, basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales. La necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos como respuesta a una realidad histórica y política; la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho a ser elegidos”.
En aquel año 2008 no existían las candidaturas independientes en México, y la Corte Interamericana lo confirmó argumentando que, los entonces, 75 millones de ciudadanos tendrían el mismo derecho a ser postulados, lo cual resultaría inviable.
Siempre me he manifestado en contra de esa sentencia de la Corte IDH, sin embargo, en esta ocasión pareciera que los jueces realizaron una predicción de lo que ocurriría en México diez años más tarde, ya que en la primera ocasión que se abre el proceso de candidaturas independientes para Presidente de la República, hemos visto que una gran cantidad de ciudadanos consideran contar con la simpatía popular para, primero, obtener las 866 mil 593 firmas que respalden su candidatura y, después, para ganar la elección presidencial.
En toda democracia es sana la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin embargo, existen diversas formas de participar y no únicamente siendo postulado para la Presidencia de la República.
Ahora bien, si lo que se pretende es una participación política a través de un cargo de representación popular, existen también las candidaturas independientes a senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales.
Por ejemplo, para ser senador se requiere el 2% de firmas de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de la entidad federativa en la que pretendan postularse, lo cual resulta menos complejo en estados como Colima, en donde el listado es, de alrededor, de 520 mil ciudadanos, por lo que requerirían 10 mil 400 firmas. En situación similar tenemos al estado de Campeche, en donde se requieren 10 mil 040 firmas; y Baja California Sur, en donde se puede obtener la candidatura con 12 mil 500 firmas, aproximadamente.
Es decir, en esta primera ocasión que se podrán postular candidatos independientes a Presidente de la República y senadores, probablemente para muchos sería más útil aprovechar esta figura para ser candidato a senador y, realmente, aparecer en la boleta, que para ser un aspirante a candidato a Presidente y tener únicamente una participación testimonial.
Si todos aquellos ciudadanos que acudieron al INE a manifestar su intención de ser candidatos independientes realmente desearan aparecer en una boleta electoral, hubiera valido la pena que realizaran sus propios estudios y proyecciones para tomar una decisión más viable y, probablemente, entonces hubieran optado por la postulación a un cargo de representación popular que no sea necesariamente la Presidencia de la República.
