Por: Leopoldo Maldonado
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Regular adecuadamente la publicidad oficial no es una decisión de partido o grupos políticos. No debe ser resultado de la buena o mala voluntad de un gobernante. Se trata, más bien, de una decisión de Estado para garantizar la pluralidad mediática, evitar obstáculos indebidos al flujo de información y los condicionamientos de líneas editoriales. Es una decisión que sanea la relación perversa y poco democrática entre medios y poder público. La regulación es una oportunidad para deshacernos de uno de los más onerosos y dañinos anclajes autoritarios para prefigurar normas de convivencia democráticas con los medios de comunicación. Es reconstituir a la prensa como vigilante de los actos del poder.
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