Los decomisos de hidrocarburos en el país durante 2025 superaron los 77 millones de litros, de acuerdo con los resultados presentados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Te recomendamos...
Durante el webinar 'Prácticas en la importación de hidrocarburos: recomendaciones, acciones y resultados de la autoridad aduanera', el director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez, explicó que uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de tres almacenes ilegales ubicados en Toluca, Ensenada y Tuxpan, lo que permitió ubicar redes de almacenamiento clandestino que operaban fuera de la ley.
Embarcaciones aseguradas
En materia de decomisos, la autoridad destacó el caso de la empresa Ingermar en la Aduana de Nuevo Laredo, donde se aseguraron 3 millones de litros de combustible ilegal, y en la frontera norte también fueron incautadas 80 pipas y 100 carrotanques, que formaban parte de sus operaciones ilegales de transporte de hidrocarburos.
A estas acciones se suma lo ocurrido en la Aduana de Matamoros, donde fueron interceptadas embarcaciones de gran capacidad:
- En el buque Torm Agne se decomisaron 10 millones de litros de hidrocarburos ilegales.
- En el Challenge Procyo se detectaron operaciones ilícitas.
- En el buque High Challenge se descubrió que se transportaban 50 millones de litros de combustible ilegal arribando al puerto de Tampico.
Durante la presentación, los expertos subrayaron que estos operativos no solo buscan frenar el ingreso ilegal de combustibles, sino también enviar un mensaje claro a empresas y agentes aduanales: la colusión o la omisión pueden derivar en responsabilidad penal, más allá de la pérdida de patentes o sanciones administrativas.
Asimismo, recordaron la importancia de una correcta clasificación arancelaria en las operaciones de comercio exterior; un error o una alteración deliberada en la fracción arancelaria puede implicar sanciones administrativas, pero también consecuencias penales, especialmente en el caso de hidrocarburos y petroquímicos.
Cooperación entre gobierno y sector privado
Otro punto enfatizado fue la obligación de los agentes aduanales de verificar la validez de los permisos y documentos presentados.
"Aunque no son peritos en autenticidad, deben confirmar que los papeles sean consistentes y verosímiles", advirtió la autoridad.
También se hizo un llamado al gremio aduanero para actuar como aliado estratégico de la autoridad en la detección de operaciones sospechosas.
Al ser el primer contacto con los importadores, los agentes poseen información clave que puede prevenir actos ilícitos.
La cooperación entre gobierno y sector privado, subrayaron, es indispensable para frenar un delito que no solo causa un grave daño económico al país, sino que también erosiona la competitividad del comercio exterior.
Te recomendamos...
AG
