En Durango, no existe una dependencia a nivel estatal o municipal que atienda de manera integral a personas con discapacidad, lo que representa una omisión grave en el diseño de políticas públicas, según señaló el activista Emmanuel Meraz, quien trabaja en favor de personas con limitaciones sensoriales y motrices.
Aseguró que esta carencia institucional dispersa los esfuerzos gubernamentales y obstaculiza la creación de soluciones efectivas en áreas clave como salud, educación y cultura.
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“El tema de la legislación creo que es importante, porque no se toman en cuenta las necesidades reales de las personas con alguna discapacidad. Lo que se necesita primero es que haya una instancia o institución encargada específicamente del tema de la discapacidad y de la inclusión, porque está todo disperso en las instituciones de gobierno.
No hay un departamento específico. Eso ayudaría a unir todos los esfuerzos en uno solo, y que desde ahí se pudiera construir el tema desde salud, educación, la cultura, pero enfocado únicamente en la discapacidad. Y entonces sería incluir todas las iniciativas, a partir de una sola área encargada en el tema”, explicó.
Falta información real sobre esta población
La falta de una dependencia no sólo impacta en la atención, sino también en la falta de información precisa. Meraz destacó que en Durango no existen datos actualizados ni confiables sobre cuántas personas viven con alguna discapacidad, lo cual impide diseñar programas adecuados o destinar recursos con base en una realidad cuantificable.
“No hay una estadística real, precisamente porque no hay un espacio que aglutine a todas las personas con alguna discapacidad. Entonces, falta esa parte. Incluso el INEGI no tiene la estadística real porque estamos a expensas de lo que diga la familia. Si dice que no hay nadie, se le pone que no hay nadie”, apuntó.
Capacitación limitada en programas sociales
Otra de las barreras señaladas es la falta de capacitación de quienes realizan los censos o registros para programas de apoyo. Esto provoca que muchas personas con discapacidad queden fuera de los beneficios gubernamentales simplemente por no estar registradas, no porque no los necesiten.
“Como no existe un tema real de cuántas personas hay en cada hogar, se pierde el apoyo, porque van solamente quienes están registrados. Y quien no tiene la oportunidad de ir a buscar esa opción, por ejemplo la beca, no accede a los beneficios. No porque no pueda, sino porque está en otro tema, por un tema particular en ese momento”, señaló.
Meraz consideró urgente que el Congreso del Estado legisle en la materia, con el fin de crear una institución que centralice esfuerzos y permita construir una política pública real y funcional para este sector.
edaa
