La contralora municipal de Puebla, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que la actual administración presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una carpeta para denunciar a quien resulte culpable por el hoyo financiero de 547 millones de pesos, que les heredó la anterior administración, al destacar que su dependencia cuenta con mil 347 expedientes.
En este sentido, explicó que, como lo informó el alcalde capitalino, José Chedraui Budib, esta denuncia fue presentada por parte de la Tesorería municipal, debido a que durante este proceso de revisión encontraron algunas anomalías.

“La denuncia ya se presentó ante la Fiscalía General del Estado, y ya corresponderá a esta dependencia determinar si existe algún delito, y fue en contra de quien resulte responsable, porque no nos corresponde determinar que delito, y no podemos hacer un señalamiento directo hasta que exista una comprobación adecuada, por parte de las autoridades”, enfatizó.
Ante esto, dejó en claro que esta fue presentada contra quien resulte responsable, porque el ayuntamiento no tiene la facultad de determinar si existe un delito, o no, y tampoco pueden señalar a alguien de manera directa, por lo tanto, esto le corresponde a la FGE.
Asimismo, puntualizó que cuentan con mil 347 expedientes en el tema de observaciones de este proceso de entrega-recepción, los cuales ya se están revisando, para darles trámite.
Aunado a esto, comentó que cuando recibieron la dependencia, el anterior gobierno les entregó mil 400, de los cuales han resuelto 200, sin embargo, dijo que siguen llegando más documentos de este tema.
Agregó que en algunos ya se están concluyendo con las investigaciones, por tanto, están por remitirlas a la autoridad para que les notifiquen a los ex servidores públicos y estos presenten su defensa.
Finalmente, comentó que hay expedientes contra los ediles auxiliares, de la Secretaría de Administración, y de la Tesorería, al indicar que son por diferentes de causas como es: por incumplimiento de a sus deberes, o se pagaron servicios sin contar con contratos, así como indemnizaciones sin pasar por la junta de Gobierno, además hay irregularidades por los pagos.
CHM