Aunque, por un lado, la empresa USTI regresó casi 30 millones de pesos al gobierno de Nuevo León por la fallida compra del polémico dron ante denuncias de presunta corrupción, la administración de Jaime Rodríguez Calderón desembolsó, por otro lado, 15 millones de pesos a otro proveedor, pero cuyo accionista es el mismo que proporcionó la aeronave.
Se trata de Soluciones y Opciones de Seguridad Privada SA de CV, compañía representada por el accionista Luis Roberto Ayala Pérez, quien aparece como socio en Unmanned Systems Technology International (USTI), la firma que proveyó el dron y que restituyó 29.7 millones de pesos de su costo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Ambas empresas, representadas por Ayala Pérez, están ubicadas en el mismo domicilio: Bermudas 146 en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey, aunque aparecen también en un segundo domicilio en la calle Canadá del mismo sector, según información disponible en sitios web como proveedor y revistas electrónicas como Aeroespace.
Del 2016 al 2019, durante la presente administración encabezada por Jaime Rodríguez Calderón se han efectuado cuatro pagos por un total de 15 millones 095 mil 638 pesos a Soluciones y Opciones de Seguridad Privada.
Ello según la ficha del proveedor publicada por el gobierno de Nuevo León en su sitio web oficial y consultada por Notivox Monterrey.
El primer importe efectuado por el gobierno de Nuevo León fue de 468 mil 658 pesos, en el 2016; el segundo fue por 8 millones 250 mil 135 pesos, un año después; el tercero correspondió a 3 millones 455 mil 080, en 2018, y un último importe de 2 millones 919 mil 765 pesos el año pasado.
Los servicios que la empresa ofrece son de investigación y protección, además de comercialización de equipamiento balístico y táctico para seguridad y uniformes, según la información disponible en sitios de internet.
El 4 de noviembre pasado, tras la polémica por el costo supuestamente inflado, la falta de transparencia de la compra, denuncias penales y una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno de Nuevo León se vio obligado a dar marcha atrás a la compra millonaria del dron no tripulado.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que encabeza Javier Garza y Garza, reveló la cancelación de la audiencia en torno a la adquisición de la aeronave, ahora en esta ocasión porque la empresa USTI regresó al gobierno del estado los 29.7 millones de pesos el pasado 16 de enero del 2020.
Soluciones y Opciones de Seguridad Privada SA de CV aparece además como proveedor en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en abril del 2019, en el municipio de Escobedo en marzo del 2013 y en los municipios de Guadalajara, Tonalá y Zapopan, Jalisco.
Luis Roberto Ayala Pérez aparece además en una tercera empresa identificada con el nombre de Soluciones Empresariales y Formación SA de CV, ofreciendo servicios de reclutamiento a aspirantes a formación policial en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.
Para Tamaulipas, el contrato alcanzó los 23.7 millones de pesos, al 31 de diciembre del 2018, en una adjudicación directa mediante esta última compañía, cuyo domicilio incluyó el de carretera libre Interejidal sin número, colonia Monte Alto, de Ciudad Victoria.
Dos empresas, el mismo involucrado…
Luis Roberto Ayala Pérez aparece como socio de ambas firmas
Firmas
Unmanned Systems Technology International (USTI)
Soluciones y Opciones de Seguridad Privada, SA de CV
Servicio
Compra del dron (que ya fue cancelada)
Investigación, protección y uniformes
Pago
29.7 millones de pesos (que ya devolvieron)
15.1 millones de pesos
Direcciones
Bermudas 146 y Canadá 432 y 435, colonia Vista Hermosa, Monterrey
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